Los cambios fiscales aprobados por el Congreso para 2020 serán los segundos en importancia luego de la reforma en la materia de 2014.
No se aumentaron ni se crearon nuevos impuestos, pero se hicieron modificaciones de fondo que provocaron resistencias por la forma de combatir la evasión con tendencias internacionales y mayores facultades a la autoridad fiscal, para meter en cintura a los contribuyentes.
Llegan en momentos de estancamiento económico, en donde el fisco necesita aumentar la recaudación de impuestos a la histórica cifra de 3.5 billones de pesos, ante crecientes necesidades de gasto social.
Las empresas sortearán 2020 lleno de nuevas reglas fiscales, en donde no sólo los grandes consorcios estarán en la mira, también el contribuyente que por error caiga en el supuesto de delincuencia organizada con la nueva ley antifactureros.
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También se amplía la base de causantes con la economía digital, sin necesidad de crear un gravamen especial para estas aplicaciones, pues únicamente se actualizó el marco fiscal a la nueva realidad.
El alcance y su efectividad se pondrán a prueba con la regulación secundaria o reglas para su aplicación, contenidas en la resolución miscelánea que todo mundo espera con ansias que emita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los próximos días.
Una vez que se tengan las reglas se podrá ver si se cumplen los dichos “perro que ladra no muerde” y “mucho ruido y pocas nueces”, o si de verdad las empresas padecerán la inquisición fiscal, como bautizó la Coparmex al paquete tributario.
“Creo que vienen algunos retos muy importantes para las empresas y para los contribuyentes por los cambios que se hicieron, porque son los más relevantes desde 2014”, dijo el socio líder de Impuestos y Legal de KPMG en México y Centroamérica, Jorge Caballero.
Con experiencia en asesoría a multinacionales, consideró que entre las novedades destacan los temas de la economía y comercio digital que se introducen a la legislación.
Si bien ya se estaba contemplando gravar estas actividades, ahora ya se están considerando en las leyes del ISR y del IVA, apuntó.
También hay otros aspectos fiscales que afectarán de manera positiva o negativa a las inversiones, por lo que las empresas se están preparando, comentó a EL UNIVERSAL.
Uno de los más novedosos es que los asesores tendrán la obligación de reportar ante el fisco ciertas actividades que pretenden llevar a cabo las firmas para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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Refirió que si bien los consultores fiscales ya entregan al SAT información de las empresas, como el reembolso de capital, régimen de financiamiento y precios de transferencia, con las operaciones reportables, básicamente se robustecen o adicionan algunas otras actividades que las autoridades quieren poner más énfasis en materia de tributación.
Ante el nuevo panorama fiscal, es importante que los contribuyentes estén conscientes de los nuevos riesgos que habrán de sortear, dijo.
KPMG realizó un estudio en el cual, para los directores de finanzas y de impuestos de las empresas, uno de los principales puntos que despiertan su atención, es el fiscal.
A diferencia de hace cinco años, las encuestas arrojaban que la mayor preocupación era tener una estrategia para ver cómo hacer más eficiente la tasa de impuestos no sólo en México, sino a nivel regional. “Ahora, el foco es mantener la gestión del riesgo”.
Hoy sale más caro tener un error u omisión en el cálculo del impuesto, porque te puede llevar a pagar penalizaciones que, en México, son intereses, recargos o multas. Estos pueden representar de 150% a 200% de la contribución o del impuesto omitido, advirtió Caballero.
“Lo que nos toca hacer es adaptarnos a las nuevas reglas del juego para evitar incumplir con alguna de las disposiciones y nos lleve a pagar un precio muy alto”, añadió.
Respecto a la ley antifactureros, el ejecutivo puntualizó que el riesgo no es sólo para los grandes contribuyentes, sino para todos, porque por un error con los proveedores se puede tener una repercusión negativa.
Para otros fiscalistas, el paquete 2020 va de la mano con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la lucha contra la evasión fiscal, sobre todo de las multinacionales.