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La construcción del aeropuerto de Texcoco no contaba con un proyecto financiero bien definido ni con un presupuesto multianual, lo que afectaron la rentabilidad y el costo-beneficio del mismo, por lo que esta obra representaba una “irresponsabilidad fiscal”, de acuerdo con un análisis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Además, el inicio de su construcción pudo significar un probable daño patrimonial al Estado por 6 mil millones de pesos.
El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, dio a conocer un documento en el que se detallan las “razones para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco”.
El análisis menciona que pese a la magnitud de la obra, nunca estuvo considerada en los instrumentos de planeación oficiales, como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ni el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, donde se dice que el aeropuerto se encuentra en evaluación y, en caso de que sea factible su realización, la inversión estimada sería de 120 mil millones de pesos, entre recursos públicos y privados.
La SCT expuso que conforme a los lineamientos de la Unidad de Inversiones de la SHCP, la evaluación socioeconómica de los proyectos se debe actualizar cada vez que: el monto de inversión varíe más de 10%, las metas físicas presenten modificaciones superiores a 25%, la entrada en operación del proyecto se difiera más de tres años, y cambie en el tipo de inversión, fuente o esquema de financiamiento.
“El proyecto incurrió en las cuatro condiciones anteriores, por lo que se debió actualizar imperativamente el análisis costo-beneficio, lo que nunca aconteció, violando la normatividad en esta materia”, destacó.
Por lo tanto, Hacienda debió suspender el proyecto dos o tres años antes de 2018, por las desviaciones de costos y del tiempo de ejecución.
Al no tener autorización ni reevaluación del proyecto por parte de Hacienda, fueron invertidos recursos provenientes de financiamiento privado, con garantías públicas, esperando que la carga presupuestal de los recursos públicos se diera hacia los últimos años del proyecto, lo que dejaba la carga al nuevo gobierno.
La SCT agregó que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tiene abiertos 198 procedimientos fiscalizadores de diversa índole, desde 2015, en el que se analiza, en algunos de ellos, la probable comisión de daño patrimonial por un monto superior a 6 mil millones de pesos.
Otra prueba de la irresponsable forma de acometer el proyecto, indicó la SCT, es el hecho de que el contrato para construir el edificio terminal se licitó y adjudicó por 85 mil millones de pesos, sin disponer de un proyecto ejecutivo que incluyera la ingeniería de detalle, lo que provocó una demanda por parte del consorcio ganador al Grupo Aeroportuario en octubre de 2018, ya en plena construcción de la terminal.
