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Las empresas América Móvil, Telefónica Movistar y AT&T piden a la futura administración federal que brinde certidumbre para invertir en telecomunicaciones.
Se requiere de un marco regulatorio predecible, pues es la base para que las empresas decidan si es conveniente invertir o no en un país, dijo Alejandro Cantú, director jurídico de América Móvil, durante el evento Aportaciones de la Industria Móvil a la Agenda Digital de México, organizado por GSMA y Anatel.
Para invertir recursos debe haber seguridad jurídica y un marco regulatorio predecible, continuó el directivo.
“Creo que los retos que tenemos no van a cambiar. Con una nueva o vieja administración, los problemas que tenemos hoy van a estar ahí al día siguiente de las elecciones”, recalcó Cantú.
En su oportunidad, Troy Hatch, consejero general y vicepresidente legal y regulatorio de AT&T México, coincidió en que se requieren políticas que den certeza para que cuando las empresas inviertan en nuevos productos puedan recuperar algo de la inversión.
“(Necesitamos) políticas que den certeza, que cuando uno está pensando en lanzar un producto nuevo para el internet de las cosas cada competidor, que estamos haciendo una inversión enorme, necesita contar con certeza”, señaló Hatch.
En tanto, Miguel Calderón, vicepresidente de Regulación de Telefónica Movistar, mencionó que se requiere certeza jurídica, así como competencia efectiva y compartición de infraestructura.
El directivo de Telefónica Movistar hizo un llamado a los candidatos al mencionar que “el tren de la economía digital es uno que no debemos dejar pasar”, pues éste impacta de manera transversal a todos los sectores.
Cambio de reglas. Por otra parte, Miguel Calderón dijo que un cambio de reglas a mitad del camino generará incertidumbre.
Los participantes también coincidieron en que debe evaluarse el costo del espectro en México.
Sobre ello, Sebastián Cabello, director regional para América Latina de la GSMA, explicó que el costo de este recurso representa 12.6% de los ingresos de la industria y eso no sucede en los pases de la OCDE ni de América Latina.
Gran parte de esos ingresos se destina al pago de derechos, no a tender redes, que haya mayores servicios o llegar a las personas que no están conectadas.
“Los cobros de derechos son 80% del precio del espectro, cuando Hacienda debería hacer al revés la proporción, quizá los derechos deberían ser 20%”, propone Cabello.