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La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el informe sobre el estado de las finanzas públicas al segundo trimestre de 2018.
En lo general, este puede resumirse en una reducción de los ingresos presupuestarios respecto al mismo periodo de 2017, así como en la ampliación del gasto y la deuda pública.
Lo bueno, en un análisis primario, es que los resultados al primer semestre del año en curso fueron mejor de lo programado por Hacienda. Asimismo, el balance presupuestario (ingreso-gasto) ha sido positivo en lo que va de 2018 y durante 2017, en contraste con los resultados observados durante los años de 2009 a 2016 en los que arrojaron un déficit. Esta valoración parcial indica una mejora del estado de las finanzas públicas.
Lo malo es que se observa un estancamiento en los ingresos tributarios que al cierre alcanzaron la cifra de 2.50 billones de pesos representando 6.7% del PIB. Comparado con el mismo periodo de 2017, los ingresos fueron de 2.65 billones, lo que significó la misma proporción respecto del PIB ‒ 6.7%‒. No obstante, debe advertirse que en 2016, los ingresos representaron 6.9% del tamaño de la economía.
Adicionalmente, el gasto público se incrementó pasando de 2.53 billones de enero a junio de 2017 a 2.79 billones en lo que va del presente ejercicio fiscal. Esto significa un tamaño de gasto que representó el 11.6% del PIB en 2017, y ahora 11.9%.
Lo feo son los requerimientos financieros del sector público que alcanzaron los 10.4 billones de pesos, lo que equivale a poco menos del doble del presupuesto de egresos de la Federación aprobado para 2018. Este comportamiento ha ido al alza consistentemente; en los últimos cinco años, ha crecido de 6.5 billones en 2013 a 10.0 al cierre de 2017.
Lo rescatable en este aspecto es que se espera que la deuda, como porcentaje del PIB, se ubique al cierre de 2018 en 45.5%, monto menor comparado con 2017 donde se posicionó en 46%.
El debate surgido en relación con las cifras de ingresos y egresos debe ser abordado detenidamente, con el objetivo de mantener un equilibrio presupuestario. En este mismo tenor, habrá que ser cautos respecto al endeudamiento público cuyo costo ha aumentado debido al alza de las tasas de interés.
Así, cabe señalar que la estructura de los ingresos fiscales se ha fortalecido, pero continúa siendo endeble. Si bien es cierto se ha superado gradualmente la alta dependencia de los ingresos petroleros aún queda mucho por hacer, toda vez que se mantiene el elevado índice de informalidad en la economía.
En este sentido, es prioritario realizar una reforma hacendaria integral que mejore la capacidad de recaudación del país, a través de la ampliación de la base contributiva y el establecimiento de impuestos progresivos.
Asimismo, el ejercicio público responsable implica un gasto eficiente y eficaz que potencie la inversión en infraestructura pública que dinamiza los sectores productivos estratégicos, pero con sentido regional focalizado en la industria clave, lo que se traducirá en crecimiento económico, aumento y mejora del empleo y mayores ingresos fiscales.
Por otro lado, toda administración contable debe contemplar además de ingresos y gastos, la deuda y es por ello que el ejercicio del presupuesto público necesita acompañarse de deuda pública siendo ésta una herramienta de política económica anti cíclica; sin embargo, debe ser prudente en aras de que prevalezca la responsabilidad hacendaria y contribuya al fortalecimiento de la macroeconomía del país.
Finalmente, la coyuntura política, económica y social demanda con mayor fuerza la constitución de un consejo fiscal independiente que recomiende medidas que prioricen la inversión pública, pero sin frenar el ejercicio del gasto.
De la misma manera, esta figura institucional deberá ser diseñada de tal forma que promueva y vele por una efectiva rendición de cuentas y transparencia en el manejo de las finanzas públicas, así como por los puntos necesarios para fomentar el buen uso de los recursos públicos e incrementar la confianza en el gobierno.
El balance de la cuenta pública al primer semestre de 2018 y en general de los últimos cinco años nos invita a reflexionar y, más que ello, a exigir medidas oportunas en la materia. Como sociedad informada necesitamos exigir, pero también participar activamente en un ambiente de civismo fiscal democrático e incluyente para los próximos años.
Vicepresidente de Consultores Internacionales
