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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) propondrá al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una agenda para evitar la corrupción en 228 mil contratos públicos anuales en México, que representan alrededor de 585 mil millones de pesos.
“Hay un círculo vicioso entre corrupción y falta de competencia que genera sobreprecios, que a su vez dan ganancias extranormales que se usan para pagar sobornos”, dijo Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Cofece.
En conferencia de prensa, la funcionaria detalló que de los 228 mil contratos sólo entre 30 y 40 son por montos arriba de mil millones de pesos, mientras que 35 mil 700 contratos rebasan un millón de pesos.
Los contratos de mil millones de pesos se concentran en sectores como salud, transporte y obra pública, entre otros. En este tipo de contratos es donde la Cofece quiere tener mayor injerencia por el impacto del monto y sus repercusiones.
Ante esto, la Cofece también propone crear una Ley General de Contrataciones Pública que esté apegada a estándares internacionales, con el objetivo de que todos los estados y municipios tengan las mismas prácticas y se favorezca la competencia.
“La licitación pública dirigida es una traición a los contribuyentes”, expresó la representante del órgano antimonopolios mexicano.
Alejandra Palacios explicó que las compras públicas tienen un impacto en la competencia a largo plazo, por lo que entre seis acciones que se plantean están la participación de la Cofece en licitaciones relevantes, crear un mercado virtual para compras pequeñas y exigir revelar intenciones de subcontratación.
“La Cofece exhorta al gobierno federal, al equipo de transición y a legisladores a valorar el contenido de esta agenda, con el fin de sumar esfuerzos desde cada ámbito de responsabilidad a favor de un México más íntegro”, añadió.
Otras propuestas son incrementar los estándares para la aprobación de los convenios modificatorios, transparentar y evitar la discrecionalidad en modificaciones de concesiones, permisos y contratos, además de inhabilitar a los sancionados por colusión para participar en concursos públicos subsecuentes.
“Empresas de un mismo grupo pueden simular competencia, tienen los mismos representantes legales o las mismas direcciones; constantemente las empresas están simulando competencia. Aquí hay un vacío legal, la ley prohíbe a empresas con el mismo dueño participar, pero sí pueden operar las que tienen operaciones consanguíneas”, abundó.
La Cofece propuso otras acciones que requieren reformas legislativas, como transparentar las investigaciones de mercado, acotar los supuestos para contratar por procedimientos diferentes a la licitación pública, así como eliminar la excepción para las contrataciones entre dependencias y entidades.
Además, sugirió restringir la participación simultánea de empresas de un mismo grupo de interés económico y transformar el mecanismo de puntos o porcentajes en uno de evaluación en dos etapas.
Palacios detalló que el aprendizaje de la Cofece en materia de contratación pública ha mostrado que la colusión puede existir desde la investigación de mercado; que el diseño de la licitación es el mejor medio para promover la competencia y que la subcontratación puede utilizarse como mecanismo de colusión.
“La comisión reitera que la falta de competencia y la corrupción en la contratación pública se retroalimentan”, resalta el documento presentado por la Cofece.