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La posibilidad de cobrar una garantía de un crédito que ha caído en mora en México se ha quedado en el papel tras varios esfuerzos por llevar la ley a la práctica, además de ser un elemento central de la reforma financiera de 2014.
“Se ha avanzado mucho en la letra, poco en la práctica. No es algo de los últimos años, sino desde la crisis de 1995 se han estado abordando de una otra manera las ineficiencias que hay en el esquema legal en el sistema mexicano”, dijo Alejandro García, director de Instituciones Financieras de América Latina de Fitch Ratings.
El especialista comentó que los cambios judiciales se mantienen como el gran pendiente que imposibilita la reducción de costos del crédito en México, ante la dificultad de recuperar bienes otorgados vía financiamiento cuando un cliente deja de pagar.
“Se ha avanzado en la regulación pero es algo que hay que implementarlo. Falta destinar más recursos a los juzgados especializados y aunque la ley pueda ser más favorable para la actividad crediticia es un tema de recursos de que los temas puedan seguir atorados ya por capacidad que no permite que se cumplan los tiempos”, mencionó García.
En ese sentido, se esperaba que este año se dieran a conocer avances sobre la instalación de despachos especializados en el cobro de garantías en crédito bancarios; sin embargo, a casi cuatro años de la entrada en vigor de la reforma financiera, sigue estancado.
“Ya no son tantas las deficiencias en la ley sino que no hay los recursos para ello. El camino todavía es largo y seguimos comparando deficientemente contra otros mercados similares en cuanto a ejecutabilidad de garantías”, dijo el analista de Fitch.
Mal evaluado. Según el segundo informe de inclusión financiera de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) correspondiente a 2016, la informalidad económica, barreras legales y el alto costo de productos financieros son los limitantes para avanzar en la inclusión financiera, solamente detrás de la baja educación que existe sobre el tema en México.
En términos generales, en América Latina la informalidad se mantiene como uno de los principales limitantes para la inclusión financiera, considerado un factor crítico para un mayor crecimiento económico y mejora en el bienestar de la población.
