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El Inegi publicó recientemente sus estadísticas económicas al finalizar el año anterior. Durante 2017 el PIB registró un alza promedio anual de 2.3 por ciento frente al de 2016, la cifra más baja desde el 2013, que se suma a una tendencia de tasas de crecimiento económico mediocres en los últimos años, y está claramente muy alejado de lo que requeriría México para incrementar el bienestar de su población.
2017 fue un año muy volátil y el magro crecimiento de la economía mexicana fue producto de una combinación de factores, la gran mayoría de ellos externos. La llegada del presidente Trump, la incertidumbre sobre el futuro del TLCAN, la baja en los precios del petróleo y la inestabilidad de los mercados financieros internacionales impactaron de forma significativa los indicadores económicos del país. Lo anterior generó una mayor inflación y la depreciación del peso durante el año.
Y, por si fuera poco, la naturaleza hizo de las suyas y los sismos de septiembre también afectaron negativamente a la economía. Pero debe reconocerse también que el comportamiento del PIB durante el penúltimo año de gobierno de la administración del presidente Peña Nieto, a pesar del importante crecimiento en el empleo formal, revela la permanencia de varios obstáculos que parecen empantanar nuestro trayecto para crecer a tasas más dinámicas.
En primer lugar, la falta de una cultura eficaz de legalidad y Estado de derecho, en todos los niveles de gobierno ha limitado significativamente el crecimiento, principalmente el de las Pymes, quienes son las más afectadas por operar en un entorno de falta de certidumbre jurídica. Por otra parte, la situación de las finanzas públicas ha inhibido la inversión en el desarrollo, especialmente en infraestructura.
Si bien el dato de 2.3% de crecimiento va muy en línea con lo que los analistas esperaban, no debemos acostumbrarnos a este nivel, México puede y debe crecer a un mayor ritmo. De hecho, si sustrayéramos el sector energético de las cuentas públicas el país crece a un mayor ritmo.
De ahí que ahora que estamos en el período de inter-campañas y que los candidatos a la presidencia lanzan atractivas promesas al aire, como ciudadanos debemos exigir propuestas sólidas que nos permitan aspirar a un mejor desempeño económico. Dichas propuestas deben emanar de principios fundamentales como disciplina fiscal, austeridad en el gasto público, apertura económica, competencia, una decidida campaña por disminuir la informalidad y la extorsión, y una visión transexenal que privilegie la equidad y el beneficio sostenido y de largo plazo de una amplia mayoría de la sociedad.
Es un hecho que las condiciones desafiantes continuarán en el corto y mediano plazo. Para México el 2018 será un año muy complejo no sólo en lo político, sino también en el plano económico por el contexto internacional. De ahí la importancia que se mantenga la disciplina en las finanzas públicas del país durante esta Administración. Pero, sobre todo, esperemos que sea cual sea el desenlace el 1 de julio, el nuevo plan de gobierno tenga un plan concreto para impulsar un mayor desarrollo económico.
El presupuesto federal de 2019 lo presentará el próximo presidente de México en los primeros días de diciembre. Ese presupuesto será visto y analizado en todo el mundo, debe ser responsable y viable. Será la primera acción concreta de su gobierno en materia de economía.
*Presidente y Director General de Laureate México y de la Universidad del Valle de México
