La Comisión Federal de Competencia Económica ( Cofece ) consideró que la iniciativa por la cual se pretende imponer precios máximos a alimentos puede crear mercados negros, generar desabasto y desincentivar la competencia, entre otras cosas.
Lo anterior ante el avance de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Alimentación Adecuada, luego de que el 26 de abril de 2022 las Comisiones Unidas de Bienestar y Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron en lo general el dictamen de la iniciativa.
Sobre este asunto, el 18 de agosto de 2022, el senador Gustavo Madero solicitó a la Cofece una opinión en los términos de ley, análisis que la Cofece envió a fines de diciembre y que se dio a conocer en el Reporte Mensual de Comisión de hace unos días.
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Preocupa que la iniciativa en su artículo 34 establece que “es obligación de la Secretaría de Economía fijar precios máximos a los alimentos que por su importancia para la economía nacional o para asegurar el consumo popular así lo requieran...”.
La Cofece afirmó que la Constitución prevé un mecanismo para controlar precios como medida excepcional, es decir, para evitar “intermediaciones innecesarias que provoquen insuficiencia en el abasto” o alza de precios.
Expuso que la lógica del mecanismo constitucional “debe entenderse como un mecanismo excepcional que, en todo caso, sería implementado cuando exista plena justificación económica o emergencia social”.
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De no usarse así “la regulación de precios sin debida justificación o racionalidad podría distorsionar el funcionamiento eficiente de los mercados”, reducir los incentivos a la innovación, generar escasez de incrementarse la demanda de bienes con precios controlados, generar mercados negros, desajuste a los aparatos para pesar los productos, entre otras cosas.
En el texto que envió al Senado dijo que el mecanismo de control de precios puede usarse “únicamente en mercados en los cuales no existen condiciones de competencia efectiva, puedan establecerse precios máximos. Esto, precisamente porque en los mercados sin competencia los agentes económicos no enfrentan presiones competitivas que permitan disciplinar los precios, lo que afecta la capacidad adquisitiva de los consumidores”.
Añadió que “en cambio, la regulación de precios en mercados competidos desincentiva la entrada, deteriora las condiciones de oferta y disminuye los incentivos de los agentes económicos para diferenciarse y competir vigorosamente entre sí”.
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Por otra parte, comentó que es un “mecanismo rígido que podría ser una ventaja artificial para las pequeñas y medianas empresas” el obligar al gobierno a que 30% de las compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios los provean empresas pequeñas.
En opinión de la Comisión el Senado debe evitar dar ventajas a las pequeñas y medianas empresas, “evitar un mandato de regulación de precios como el originalmente propuesto en el artículo 34 a la Versión I de la iniciativa” y considerar que se tiene que notificar a la Cofece de posibles prácticas monopólicas en el sector alimentario.
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