El martes 22 de septiembre los reguladores del sector energético se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo.
De acuerdo con información publicada en distintos medios, el acuerdo presidencial consiste en otorgar un trato regulatorio preferencial a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ).
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dice que las consecuencias de estas medidas serán:
● Pérdidas por inversiones en segmentos donde la CFE es ineficiente.
● Energía eléctrica más costosa.
● Violaciones a la legislación vigente para el sector energético.
● Incumplimiento de México a tratados comerciales internacionales.
● Precedente negativo para el ambiente de inversión en el país en un contexto de finanzas públicas presionadas.
● Vulneraciones al derecho al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos.
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De acuerdo con el Centro de Investigación, los órganos reguladores autónomos del sector energético son un pilar indispensable para el funcionamiento adecuado de los mercados de energía.
“La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es el actor central para garantizar un piso parejo donde todos los jugadores tengan oportunidad de competir”.
“El objetivo de la CRE es velar por los consumidores al asegurar que las actividades del sector eléctrico se lleven a cabo en un ambiente de competencia que se traduce en mayor competitividad para la economía mexicana”, declaró el IMCO .
También mencionan que “favorecer regulatoriamente a la CFE y cambiar el criterio mediante el cual el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) decide qué plantas de generación deben despachar electricidad a la red y en qué horarios implica, en los hechos, eliminar todas las señales de precios y certidumbre regulatoria que impiden o dificultan la operación de las plantas privadas”.
Asimismo, paralizan la inversión privada en el sector hacia el futuro. Las consecuencias de esto afectan a todos los mexicanos.
vcr