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En México, la raíz de la pobreza está en el sistema laboral y millones de personas, más de la mitad de la población económicamente activa (PEA) trabaja, pero viven en pobreza, advierte un estudio elaborado por el grupo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
Ingreso insuficiente, falta de seguridad social y exclusión de mujeres y jóvenes son las causas estructurales que ocasionan que millones de personas vivan en pobreza, destacan los especialistas que elaboraron el reporte a propósito del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se conmemora el 17 de octubre.
Las dos variables principales que determinan la pobreza en México, según los datos de Coneval, se producen desde el sistema laboral: la carencia por acceso a la seguridad social y el ingreso inferior a la línea de pobreza, que se define por el costo de la canasta básica.
Además, de las personas que trabajan y son pobres, la otra condición estructural es la exclusión: millones de personas sin trabajos remunerados, que afecta principalmente a mujeres y a jóvenes.
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Lastre social
En México, dos tercios de la población presenta al menos una carencia social, son casi 85 millones de personas y la pobreza sigue afectando a casi 47 millones. Sólo 12% de los habitantes viven en condiciones de bienestar.
Sólo ocho estados tienen a más del 20% de su población en condiciones de bienestar; y con menos de 10% en esa condición, son 14 estados.
En el nivel de la pobreza mundial, México ocupa el lugar 47 de una lista de 53 países. Alrededor de 6 de cada 10 personas con trabajo carecen de salario suficiente para superar el umbral de pobreza: son 35.6 millones de personas.
El 40% de la población carece de ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta alimentaria y superar el umbral de la pobreza extrema.
El salario real es muy bajo conforme a parámetros internacionales. En este indicador ocupa el último lugar de 37 países en las listas de la OCDE.
De 2003 a 2018, las mejoras en la productividad en muchos sectores de la economía no se reflejan en mejores remuneraciones. Por ejemplo, la brecha llega a ser de 59 puntos porcentuales en el sector de comercio al menudeo (retail).
La distribución funcional de la riqueza, medida como participación de los factores de la producción en el PIB, está al revés: las remuneraciones al trabajo son menores (40%) que las ganancias (60%), en comparación con Estados Unidos o los países de la Unión Europea, donde la relación es 70-73% y las ganancias de 30%-27%.
Los trabajos informales excluyen de acceso a servicios de salud y seguro social a más de la mitad de la población ocupada, son 32.2 millones de personas, 55% de la población ocupada.
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Propuestas
El problema estructural de la pobreza es añejo; sin embargo, los especialistas reconocen que hay decisiones recientes que han mejorado un poco la situación, pero otras que la agravan. Algunas positivas son la recuperación del salario mínimo, la reforma laboral de 2018-2019 y la reforma para prohibir el outsourcing abusivo.
Entre las medidas con efectos negativos se encuentran el fracaso del INSABI, la eliminación de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, la desaparición del programa Prospera y los sesgos en la distribución de los programas sociales de transferencias monetarias.
De esta manera, para superar el paradigma de la competitividad basado en bajos salarios, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propone un nuevo acuerdo laboral que “amarre” el incremento a los salarios con mejoras en productividad, el cual se puede lograr con una política laboral basada en el diálogo social y la concertación.
Además, la nueva política laboral requiere aprobar un salario mínimo general suficiente para adquirir dos canastas básicas, así como incentivar y fortalecer las iniciativas empresariales voluntarias por el ingreso digno (que cubre una canasta digna mayor a la básica que fija el umbral de pobreza).
Los especialistas proponen una reforma para crear un sistema de protección social universal, no condicionado al trabajo, que cubra al menos el acceso universal a servicios de salud, estancias infantiles y una garantía de ingreso básico para quienes no pueden trabajar o perdieron su trabajo.
También se propone crear el sistema de cuidados, con infraestructura suficiente que enfrente la exclusión de género y facilite la inclusión económica de las mujeres. Además de implementar una política integrada de empleabilidad para personas jóvenes, especialmente quienes tienen rezago educativo y otras desventajas acumuladas por provenir de contextos adversos.
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vcr
