El proceso de regulación que el gobierno realiza en diversos trámites incurre en “graves vicios” y procesos rápidos de dictaminación, sin tomar en cuenta las opiniones de los particulares como lo establece la reglamentación vigente, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Se observa que la gran mayoría de los proyectos que se presenta ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) se ingresan con solicitud de exenciones, es decir, que como supuestamente no representan un costo quedan exentas de la consulta pública para realizar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).
Lo que en otras palabras, “no permite considerar las opiniones de los expertos en la materia e inhibe un análisis más riguroso del costo-beneficio”.
Lee también:
Esto significa que se les clasifica “erróneamente” para evitar la consulta pública, a través de la cual los particulares manifiestan los costos en que se incurrirán para cumplir con las nuevas disposiciones, como se vio del 12 al 18 de junio, que de 29 proyectos presentados, 26 se ingresaron para exentarlos de consulta pública.
Ello sucedió recientemente con el decreto de reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se dictaminó rápidamente, es decir, en fast track, pues el mismo día que entró se aprobó.
Incluso se dejó sin efecto un comentario de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que alertó sobre el riesgo de colusión de participantes.
Lee también:
Otros proyectos que también se resolverán a la brevedad posible y sin consulta pública son los dos proyectos de la Secretaría de Educación Pública con clasificación Análisis de Impacto Regulatorio de “emergencia”, uno se refiere a la regulación de acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 y otro, por el que se establecen disposiciones para reanudar las actividades presenciales del servicio público educativo de forma gradual.
cev
