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Una exfuncionaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ( CNH ) logró un amparo indirecto contra la Ley de Austeridad Republicana que inhabilita a personal que haya desempeñado mandos directivos en el gobierno federal a trabajar en el sector privado hasta después de 10 años.
De acuerdo con la sentencia, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la ley de austeridad republicana es violatoria del derecho al trabajo, además de que resulta discriminatoria para los ciudadanos que hayan desempeñado algún cargo público en el país.
“La disposición reclamada es violatoria de los derechos al libre ejercicio de la profesión, igualdad y no descriminación, habida cuenta que, de entre un conjunto de opciones viables, la legislatura optó por la medida más deletérea en perjuicio de los derechos de la parte quejosa”, expone el documento.
El despacho que interpuso la demanda, Trusan & Roma Abogados, explicó que se trata de los primeros casos en que ex funcionarios obtienen un amparo contra la medida, la cual desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2019, fue muy criticada y considerada inconstitucional por especialistas al afectar el desempeño profesional de ciudadanos que ejercieron algún cargo como funcionarios públicos.
Más de 5 mil funcionarios interponen demandas colectivas
El abogado Rodolfo Martínez, socio del despacho y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que hasta el momento unos 5 mil 250 exfuncionarios que interpusieron demandas colectivas están a la espera de la resolución por parte de los jueces, proceso que se vio interrumpido por impacto de la pandemia de Covid-19 y que poco a poco ha retomado algunas de sus actividades.
“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”, refiere el texto de la Ley de Austeridad Republicana.
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