Para el próximo año, los estados y municipios contarán con más de 8 mil millones de pesos para poder combatir en mejores condiciones la inseguridad pública que azota al país.
También tendrán la posibilidad de potenciarlos para multiplicar dichos recursos que forman parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP).
Así lo aprobó por mayoría la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2023.
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Diputados avalaron la propuesta del Ejecutivo federal contenida en un artículo transitorio de la LIF del siguiente año, cuya minuta se presentará hoy ante el Pleno para su discusión y eventual aprobación.
Para 2022, este fondo a cargo de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dispone de 7 mil 980 millones de pesos, 3.8% más que el año pasado, para que los estados hagan frente a los retos que tienen en materia de seguridad.
Sobre el tema, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Arturo Medina, dijo que esta fuente de recursos traerá muchos beneficios para los estados y municipios.
Lo anterior, porque por primera vez este fondo presupuestal tendrá el monto más alto, por 8 mil 700 millones de pesos, que se van a distribuir entre todas las entidades federativas y sus municipios, subrayó.
Medina refirió que actualmente, a través del FASP, sólo se puede usar para algunas cuestiones específicas como en infraestructura para seguridad pública, pero no en equipamiento, como piden los municipios y los estados.
“Estos recursos hoy se destinan a infraestructura como los C5 y C4, que no necesariamente podrían darle una funcionalidad por el nivel de recursos que implica para echarlo andar”, comentó.
Se aprobó que los municipios podrán gastar estos recursos en movilidad, es decir patrullas, motocicletas, equipo y otros implementos que requieren cuerpos de policía municipal, precisó.
Los diputados podrán atender de una mejor manera la demanda de seguridad en su comunidad, afirmó el procurador fiscal, porque se va a poder aplicar en necesidades más inmediatas, lo que resulta más relevante sobre todo para los municipios.
Medina dijo que, además, se les permitirá potenciar el fondo en términos de la Ley de Coordinación Fiscal. Así van a hacerlos crecer, “echando mano de esta figura”, y con ello, contarán con recursos.
Una de las necesidades más apremiantes de la población, enfatizó, es la seguridad pública. “Creemos que esta reforma atiende esa necesidad de recursos y en qué se va a gastar”, aseguró.
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Por otro lado, existe la posibilidad de que las entidades cuenten con 800 millones de pesos adicionales a favor de sus municipios, de aprobarse una de las reservas que presentará hoy Morena ante el Pleno como parte de la minuta aprobada con proyecto de decreto de la LIF del próximo año.
Una de las reservas que se discutirán en lo particular está relacionada con los recursos que se obtengan con la regularización de autos de procedencia ilegal para que sean etiquetados para los municipios.
Se plantea que, en el primer bimestre de 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), podrá convenir entregar dichos recursos a los municipios, a través de los gobiernos de las entidades federativas, por medio de un mecanismo en el que se utilizarán los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) o por los subsidios federales que deriven de los aprovechamientos de 2022 en términos del decreto para la regularización de autos de procedencia extranjera.
Otra reserva es para permitir la deducibilidad de libros para fines fiscales, con el fin de fomentar la lectura y apoyar a esta industria.
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