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El Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió otro frente de batalla contra México al notificar su intención de salir del acuerdo de suspensión por el cual se frenó, desde 1996, una investigación por prácticas desleales contra las exportaciones de jitomate mexicano.
En un comunicado, el gobierno estadounidense informó que el acuerdo se renovó por última vez en 2013 y en éste se incluyó una cláusula por la cual cualquiera de las partes puede dejar el acuerdo siempre y cuando notificara con 90 días de anticipación su salida.
Como la notificación se envió el 6 de febrero, será el 7 de mayo de este año cuando Estados Unidos “saldrá del acuerdo”.
“Hemos escuchado las preocupaciones de los industriales estadounidenses productores de jitomate y están tomando acciones para asegurarse de que estén protegidos de las prácticas comerciales injustas”, dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.
Añadió que la administración del presidente Donald Trump “continuará usando cada herramienta para asegurar que el comercio es libre, justo y recíproco”.
Responde México. La Secretaría de Economía informó que tienen la notificación de Estados Unidos de su intención de retirarse del acuerdo. Sin embargo, anunció que aún se tienen con 90 días para llegar a un consenso que defina las condiciones en que se exportará jitomate mexicano a ese mercado.
“Actualmente está en curso la negociación de un nuevo acuerdo entre esa dependencia y los productores mexicanos de tomate. Si se alcanza un resultado, el nuevo acuerdo de suspensión sustituiría al vigente el cual ha sido cumplido cabalmente por los exportadores mexicanos”, explicó la dependencia.
El acuerdo frenó desde 1996 la investigación estadounidense por supuestas prácticas desleales de los productores mexicanos de jitomate, porque los productores del país vecino afirmaron que entraba por debajo del precio real de mercado.
A cambio de no realizar la investigación, exportadores mexicanos ofrecieron vender el jitomate a un precio que fijó Estados Unidos.
El acuerdo debió revisarse en 2018; sin embargo, la administración estadounidense lo retrasó.