Los gobiernos estatales están evitando contratar deuda y fortalecer sus ingresos propios a través de la creación de impuestos verdes o aumentando los ya existentes.
La deuda total de los estados y municipios ascendió a 683 mil millones de pesos entre julio y septiembre, una disminución de 3.3% frente al mismo periodo del año pasado al quitar la inflación, de acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de Hacienda.
Mientras Tlaxcala tiene prohibido endeudarse por ley, el Estado de México va por su segundo año en el que no solicitó al Congreso local contratar pasivos, pero empezó a tener impuestos ecológicos.
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En tanto, la Ciudad de México está proponiendo un desendeudamiento neto de 0.5% al restar la inflación y un incremento del impuesto a la nómina de 3% a 4%, así como el cobro de un gravamen ecológico como primer paso hacia la homologación y trabajo conjunto con el gobierno mexiquense y otros estados vecinos de la zona metropolitana.
San Luis Potosí se alista para empezar a aplicar el Impuesto sobre Emanaciones Contaminantes a partir del 1 enero, tras postergar la medida este año a solicitud de los sectores productivos, con una tasa de tres unidades de medida y actualización (UMA’s) por tonelada de dióxido de carbono.
Morelos, en sentido opuesto
En cambio, el Congreso de Morelos cedió a la petición del sector empresarial de eliminar los impuestos cedulares, y no aumentar 1% el impuesto sobre nómina como lo propuso la gobernadora, Margarita González, más bien se aprobó reducirlo de 3% a 2.5%.
El investigador en finanzas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Emilio Sánchez, dijo que la política de “cero deuda” no está mal.
Pero hay que ver si, por ejemplo, tanto Tlaxcala como el Estado de México cuentan con la suficiente capacidad fiscal o ingresos para atender las necesidades de sus pobladores.
Indicó que son varios los componentes de los ingresos de las entidades federativas como las transferencias federales y los generados a nivel local.
Sin embargo, la mayoría son altamente dependientes de los recursos federalizados, lo que desincentiva que fomente su recaudación propia, enfatizó.
Señaló que Querétaro sobresale por haber subido su deuda, ya que en igual periodo del año pasado no tenía inscrita deuda ante las autoridades: “A partir del cuarto trimestre de 2023 eso empezó a cambiar y por eso ahora se ve que es una de las únicas que incrementó su endeudamiento”, explicó.
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Coahuila, en observación
En el caso de Coahuila, indicó, vale la pena ponerle atención debido a que en el semáforo que se prevé en la Ley de Disciplina Financiera, que mide la sostenibilidad de la deuda estatal, es la única que aparece en color amarillo o en observación y el resto en verde.
Para el especialista del CIEP, al hacer una comparación de la deuda entre estados, lo más justo es si se repartiera entre sus habitantes.
“Es una manera de estandarizar para que las diferencias sean más significativas”, argumentó
Estimó que el promedio de la deuda subnacional per cápita al cierre de septiembre fue de 4 mil 463 pesos por persona.
Nuevo León continúa siendo la de mayor deuda que le correspondería pagar a cada habitante si fuera necesario, con 16 mil 300 pesos cada uno; seguido de Chihuahua, 13 mil 400; y Coahuila, 11 mil pesos.
En tanto, a los mexiquenses les tocaría contribuir con 3 mil 600 pesos, aunque el gobierno estatal no está contratando deuda nueva, y en Guerrero si se repartiera a cada habitante, 400 pesos.
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Emilio Sánchez mencionó que, en cuanto a la capacidad de pago, con respecto a los ingresos de libre disposición que son ingresos propios y participaciones federales, hay siete estados en color amarillo y los demás en verde, en el que Coahuila está cerca de pasar al rojo del semáforo del endeudamiento.
En la capacidad de pago en el corto plazo no mayor a un año, todas las entidades están en verde o bien se encuentran en un nivel sostenible, refirió.
Del total de la deuda subnacional, los gobiernos de los estados participan con 87.8% del monto contratado y los entes públicos estatales, con 6.6%
Finalmente, los municipios tienen 5.3% y los entes públicos municipales cuentan con una participación mínima de 0.3%.
Por lo general, las instituciones de crédito privadas son la alternativa a la que más recurren los estados al concentrar más de la mitad, 52.1% del total; le sigue la banca de desarrollo con casi 40% de los pasivos.
Las emisiones bursátiles no son tan atractivas, señalan, pues representan sólo 7.9% del total del endeudamiento.