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El acuerdo por el que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México pone en riesgo la calidad y viabilidad de la infraestructura en diversos sectores y aquellos que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ( IMEF ).
Además, eleva el riesgo de corrupción y abona al clima general de incertidumbre que ha venido afectando a la inversión productiva y que se ha acentuado con diversas acciones de política pública que ponen en duda la continuidad del estado de derecho en nuestro país, matizó.
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Ponderó que el acelerar las autorizaciones sin el debido tiempo y profundidad para la evaluación de los proyectos de infraestructura , eleva el riesgo de privilegiar la velocidad de su ejecución por sobre su calidad y sobre la viabilidad misma del proyecto en el mediano plazo.
Ello podría reducir su efectividad para generar el impacto económico y social deseados, lo que a la vez disminuiría la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sentenció.
Consideró que la falta de procedimientos y la clasificación de proyectos de índole económica como proyectos de seguridad nacional o interés público, atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas.
En ese contexto, el IMEF se pronunció a favor de cualquier iniciativa de política pública que impulse el desarrollo económico, el interés público y proteja la seguridad nacional .
Por ello, exhortó respetuosamente al gobierno federal para reevaluar los riesgos y posibles impactos negativos del Acuerdo mediante el cual se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar en un plazo de máximo cinco días hábiles la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras para garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Los ejecutivos de finanzas del país, expresaron su preocupación por el contenido del Acuerdo al explicar que la seguridad nacional y el desarrollo económico son objetivos complementarios pero diferentes.
“No pueden igualarse los procedimientos de gestión de riesgos a la seguridad del país con la evaluación de proyectos de infraestructura cuyo objetivo es el impacto económico y social”, afirmaron.
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