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Un bajo número de delincuentes está tras las rejas por el delito de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que refleja los pocos resultados en la persecución de este ilícito por parte de las autoridades responsables en los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en lo que va de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
De un probable ejército de huachicoleros estimado en 174 mil 960 personas —considerando la participación de al menos tres personas por toma clandestina— que realizaron perforaciones ilegales en la red de ductos por los que se transportan gasolinas, diesel y turbosina, en los últimos 13 años con ocho meses —datos hasta agosto de 2019— sólo 547 fueron sentenciadas y 319 están en prisión.
Otras 816 alcanzaron libertad dictada por jueces, incluyendo los huachicoleros sujetos a proceso.
De ese total, 123 son empleados o extrabajadores de Pemex, de acuerdo con los registros de la Dirección Jurídica de la empresa, de sus sistemas jurídicos institucionales y de los abogados a quienes se les asignan los asuntos correspondientes al periodo del 1 de enero de 2010 al 18 de septiembre de 2019.
En una evaluación realizada por la petrolera, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, Pemex considera que tanto el Ministerio Público como jueces tienen baja participación en la solución del problema que afecta a las finanzas de la empresa y al patrimonio de los mexicanos.
El exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, alertó desde marzo de 2018 sobre el problema con el sistema de impartición de justicia en el robo de combustibles.
Proceso judicial complicado. En entrevista para este medio, el exdirectivo sostuvo en ese momento que: “El proceso judicial en México es bastante complicado; todos los días agarramos a delincuentes que nos roban producto; en 2016 detuvimos 6 mil 600 vehículos con combustible, más de mil 700 personas, de las cuales a muchas apenas se les inició proceso”.
“No entiendo cómo es posible que agarremos in fraganti a estos delincuentes manejando un camión con gasolina robada y esas personas estén sujetas a investigación, ‘pues qué les investigas’”.
Refirió que el proceso de aplicación de justicia no es muy expedito y es un hecho que se necesita de todas las autoridades y no sólo del Ejecutivo, “porque con el actual sistema de justicia, nos está costando demasiado trabajo hacer que estos delincuentes, o presuntos delincuentes, pisen la cárcel”.
En julio de 2018, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados expuso en su estudio El robo de Combustible: Asalto a la Nación, que entre los factores que contribuyen a una actuación deficiente del sistema de justicia con relación al problema, tiene que ver con “el desmoronamiento del Estado de derecho, que es incapaz de aprehender y ejercer penas severas contra quienes realicen esta actividad”.
Problema por gestión. Durante la administración del expresidente Calderón se reportaron 4 mil 865 tomas clandestinas.
En ese periodo, la empresa petrolera realizó 4 mil 331 denuncias ante el Ministerio Público por el delito de robo de combustibles y denunció a 663 personas.
La Dirección Jurídica de la petrolera informó que en el periodo 2007-2012, 158 personas fueron a parar a prisión, y 219 alcanzaron libertad dictada por jueces.
Es decir, en el sexenio de Felipe Calderón, 23.8% de las personas denunciadas por el delito en cuestión están tras las rejas.
Con el expresidente Enrique Peña Nieto el robo de combustibles alcanzó niveles sin precedente.
El número de tomas clandestinas se disparó a 43 mil 598, mientras que las denuncias presentadas ante las autoridades llegaron a 28 mil 946, aunque Pemex aclaró que una denuncia puede involucrar a más de una toma clandestina.
Entre 2013-2018, la petrolera refiere que fueron detenidas mil 176 personas involucradas en el delito de robo de combustibles, aunque sólo 148 fueron a parar a prisión y 531 más fueron liberadas.
La actuación de la justicia en el sexenio de Peña Nieto refleja que apenas 12.5% de las personas denunciadas están presas.
Por lo que toca a esta administración, los datos precisan que el número de tomas clandestinas llegó a 9 mil 644, correspondiente al periodo enero-agosto.
Pemex ha acudido al Ministerio Público para realizar 4 mil 928 denuncias por el mismo delito y denunciado concretamente a 80 personas: 13 están en prisión (16.2%) y 66 fueron liberadas.
La petrolera detalló vía Plataforma Nacional de Transparencia que 123 trabajadores y extrabajadores fueron detenidos por participar en el robo de combustibles entre 2010 y 18 de septiembre de 2019.
En junio de 2017, el entonces director de la empresa productiva, José Antonio González Anaya, aseguró que “tanto dentro de la compañía como en el sindicato de trabajadores petroleros no hay involucrados con las bandas dedicadas al robo de combustibles”.
