Por violaciones a las garantías individuales en materia de salud, medio ambiente y libre competencia, tanto individuos como empresas pueden presentar un amparo por violaciones constitucionales por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica , aseguraron abogados de la firma Hogan Lovells.
En la mesa redonda “ Energía en México y su afectación ante el cambio ”, que organizó la firma de juristas, los especialistas explicaron que los cambios que ya aprobaron los diputados no pueden ser legales porque se pretende hacer retroactiva la ley.
Por una parte, el socio de la firma, Miguel Mateo Simón, explicó que los amparos se pueden presentar para evitar que se aplique la ley ante su inconstitucionalidad , si eso ocurre y se les da el amparo, no hay afectación alguna para la empresa.
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Pero si no se le da el amparo y la empresa recurre a un litigio legal, ya sea a nivel nacional o internacional, se tomarán los mecanismos que se incluyen en acuerdos de protección de inversiones o de convenios comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Las indemnizaciones que se pueden pedir dependerán del monto de la inversión y del cálculo del tamaño del daño, que de acuerdo a lo visto en España, donde varios inversionistas demandaron por temas ligados al sector energético, las demandas reclaman daños de billones de dólares.
“Si los amparos no son eficientes y efectivos, entonces vamos a ver en el futuro cercano cartas del inicio de procedimientos arbitrales bajo el T-MEC”, añadió.
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La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es una violación a las garantías individuales que tienen tanto las empresas como los individuos, por lo que todos se pueden amparar ante las afectaciones que tendrán y pueden argumentarse violaciones a un garantías como un ambiente sano , salud y libre competencia, porque estas medidas pueden afectar la competencia que la Constitución establece en actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, dijo Perla Gizeh Díaz Taracena.
El socio de Hogan Lovells, Carlos Ramos Miranda, dijo que en la reforma a la ley eléctrica se pretende hacer retroactiva la ley, algo que es inconstitucional porque el Estado puede establecer los límites que quiera, pero una vez puestos no pueden ser cambiados unilateralmente, no hay retroactividad de la ley, espacios para interpretaciones, “no puedes cambiar súbitamente la interpretación en cuestiones jurídicas”.
El problema es que ahora la nueva ley pedirá a Comisión Federal de Electricidad (CFE) garantizar la energía eléctrica para los mexicanos y, como se dejó de invertir en infraestructura, tecnologías y procesos con los que se produce electricidad a menor costos, “estamos pateando el bote para que dentro de 5 o 10 años sean absoletas las plantas fósiles y no tengamos plantas amigables con el medio ambiente”, y como no existirán vamos a llegar a una situación de crisis “donde no vamos a tener electricidad”.
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