Más Información
La energía eléctrica que permite encender diariamente cinco de cada 10 focos en el país está controlada por empresas privadas.
A través de esquemas permitidos por la ley del servicio público en la materia, los productores independientes, autoabastecedores, cogeneradores y pequeños productores, entre los más importantes, grandes compañías, así como sociedades de generación y consumo contribuyen con 45.8% de la electricidad disponible en el territorio nacional.
Se trata de firmas que se expandieron a partir de los cambios a esa normatividad y que, con la apertura del sector, ganaron espacios y le quitaron clientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al argumentar que ésta ofertaba caro.
Para 2018, año en el que se registra el último reporte disponible, se hace referencia a mil 41 grandes firmas.
Para explicar las razones de la caída en los ingresos de la CFE en algunos periodos intermedios, un argumento recurrente en sus informes anuales es: “el incremento (…) en el autoabasto”, debido a que se formaban sociedades de enormes firmas privadas.
Los primeros
La desbandada de esos clientes fue una constante desde 1994, cuando se otorgó el primer permiso de autoabastecimiento a Minera Hecla, autorizado por Georgina Kessel, entonces presidenta de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y quien más tarde se desempeñó como secretaria en el ramo con elel expresidente Felipe Calderón.
Para mayo de 2006 se avaló el mismo beneficio a Termoeléctrica del Golfo, la cual se quedaría con una parte de la energía generada y el mayor porcentaje se entregaría a Cementos Mexicanos (Cemex), que a su vez recibiría el servicio a través de la red de transmisión de la CFE. Ese fue uno de los primeros grandes clientes que perdió el órgano.
Con el paso del tiempo se crearon otras grandes sociedades de autoabastecimiento con la participación de Telmex, Bimbo, Cemex, Soriana, Chedraui, Cervecería Cuauhtémoc, Celanese, Oxxo, CitiBanamex, Banco Azteca, así como TV Azteca, Hyundai, KIA, Ford, Nissan Mexicana, Tren Suburbano, Grupo Elektra, BBVA, PepsiCo, Costco, Sonoco, Comercial Mexicana y Walmart, entre otros, algo que la CFE calificó hace unas semanas como un “mercado negro de electricidad”.
A la lista se sumaron Ternium, Cementos Apasco, Minera Autlán, Kimberly Clark, Mexichem (Orbia), BASF, Conductores Monterrey, Vidriera Monterrey, Alestra, Fábricas Monterrey, Bayer de México, Deacero y el Tec de Monterrey.
También lee: En pandemia, CFE baja switch a 500 mil y gana millones por reconexión
También se agregaron Tubacero, Banca Afirme, Vitro, Continental, Corning, Sanborns, Evenflo, Gamesa, LG, Mabe, Maizoro, Sabritas, Salinas Industrial, Polioles, así como Sigma Alimentos.
Incluso los registros de la comisión federal refieren que muchas de ellas son socias de más de un permisionario, como la española Iberdrola, que concentró a grandes empresas en diferentes permisos con centrales de autoabastecimiento.
Panorama actual
Actualmente, de acuerdo con el proyecto del Plan Sectorial de Energía 2020-2024, la participación de las compañías privadas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) incluye a 255 autoabastecedores, pequeña producción, exportación e importación, que generaron 45.8 teravatios por hora (TWh), que representa 14% del consumo en todo el territorio; Iberdrola fue una de las dominantes.
Sobre este esquema de generación predominan los llamados productores independientes (PEE), los cuales surgieron en 1995, conocidos como proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
Bajo este modelo de financiamiento llegaron a México empresas de diversas partes del mundo, principalmente españolas, dedicadas a construir centrales eléctricas, con la finalidad de vender exclusivamente a CFE el servicio producido, facilitándoles terrenos, construcción de centrales, así como su interconexión a la red.
También lee: AMLO revisará que no se cobre reconexión de servicio eléctrico
En este caso, la comisión está obligada por contrato a comprar, suministrar y transportar el gas de 13 de las 33 centrales PEE, asumiendo todos los riesgos de operación y confiabilidad. Estas firmas y las centrales tienen comprometida a la CFE hasta 2039, cuando concluyen los convenios por la adquisición.
Los compromisos contractuales que se firmaron en su momento contemplaban la compra de energía eléctrica con un costo total conjunto de 2 billones 761 mil 604 millones de pesos, de los cuales se estarían pagando hasta este año 886 mil 778 millones de pesos. Resta por cubrir en los siguientes 19 años un total de un billón 874 mil millones de pesos.
Iberdrola, por ejemplo, opera ocho centrales PEE de ciclo combinado, por las cuales la CFE comprometió la compra del servicio con un valor total de un billón 164 mil millones de pesos, equivalentes a 46% del total comprometido por el organismo en las 33 centrales PEE. Después de 2023, faltaría pagarle 902 mil 437 millones de pesos.
Por ello, el gobierno federal considera en el proyecto del Plan Sectorial de Energía 2020-2024 el estar atada a los generadores privados por los próximos 19 años, periodo en el que concluye la vigencia de los contratos legados, pues si no se modifican las condiciones de esos convenios, habrá pérdidas por 160 mil millones de pesos en ese lapso.
