A pesar de ser la única asociación del país especializada en subcontratación (outsourcing), nunca fue convocada o incluida en las negociaciones entre el gobierno, sindicatos y el sector privado, denunció Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH).
Sin embargo, la organización buscó hacerse presente por diversos medios en la discusión de la reforma, afirmó el también director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.
“A los grupos que estuvieron negociando sólo les interesó el tema de la PTU [participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa], pero todo eso no resuelve la preocupación que teníamos todos sobre eliminar la subcontratación en el país: en ese tema no hubo cambios sustanciales”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Leer también: Diputados allanan la vía para dictamen de subcontratación
La AMECH participó y fue escuchada en los parlamentos abiertos organizados por el Congreso de la Unión, así como en algunos diálogos por separado, pero hasta ahora no ha sido invitada a la mesa de negociación sobre la iniciativa, señaló.
“Esperemos que todavía en este mes, que es la recta final (del proceso), puedan entender que los que sabemos de este tema somos nosotros. La AMECH está conformada por quienes estamos en este negocio, somos los que podemos opinar sobre el mismo”, afirmó.
Para la organización, en la reforma debe ser clave alcanzar tres objetivos: conservar y hacer crecer el empleo formal; combatir a quienes evaden y eluden al fisco y los derechos de los trabajadores; así como abonar para que haya mejores condiciones de empleo y trabajo digno, pues tampoco se está legislando nada al respecto, aseguró.
Puede haber muchas ideas, pero en opinión de Márquez, la mejor es que la seguridad social debería ser universal, sin importar cómo contraten las empresas a los trabajadores.
Pérdida de empleos o evasión
Hay casi 4.6 millones de trabajadores subcontratados, de los cuales se estima que 1.38 millones (30%) pasarían a ser empleados de base bajo la nueva regulación, mientras que 2.76 millones (60%) pasarían a esquemas sin seguridad social, y 460 mil (10%) se perderían o pasarían a esquemas de evasión o informales.
Adicional a ello, Márquez consideró que es muy corto el plazo de tres meses para trasladar a los trabajadores subcontratados y que se vuelvan empleados de base en las compañías.
“Se deberían haber dado muchas más opciones, mucho más tiempo para que las cosas se hagan de forma correcta. Va a ser un tremendo problema, no sé por qué ahora quieren acortar todo, nos estamos poniendo la soga al cuello”, recalcó.
Sobre el tema del trabajo temporal, tampoco se agregó nada hasta ahora en las discusiones, mencionó Márquez.
Leer también: Ganar, ganar…
“Desafortunadamente eso sigue fuera. Lo que se está agregado es el tema de subcontratar las empresas de insourcing, es decir, que los grupos corporativos puedan contratar personal de empresas que se encuentren dentro del mismo grupo, toda vez que no sean actividades o servicios preponderantes del contratante”, mencionó el experto.
Destacó que la iniciativa amenaza con eliminar a algunas de las 500 empresas de subcontratación que operan de manera formal en el país, y que se sumen más a las mil 500 firmas que trabajan de manera informal.
Se espera que esta semana se conozca la nueva iniciativa oficial, por lo que toda la revisión y discusión que habrá en las cámaras de diputados y de senadores se llevaría a cabo en el transcurso de abril, para que la reforma sea anunciada el 1 de mayo.
Tomando en cuenta el periodo transitorio para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social redacte y publique su reglamento, así como los tres meses para que las empresas den de baja a los trabajadores subcontratados y los recontraten de manera directa, se estima que para el próximo 1 de septiembre ya se percibirán los cambios.