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La empresa petrolera Monterra Energy anunció que emprendió acciones legales en contra del gobierno de México por la clausura de su terminal de combustibles en Tuxpan, Veracruz, por lo que presentó una Notificación de intención al Gobierno de México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( TLCAN ).
Tras la clausura de su terminal, hace cinco meses, busca someter una reclamación de arbitraje al gobierno mexicano por “acciones ilegales y discriminatorias” que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles.
“Está negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ”, provocándole daños derivados de estas acciones que pueden ascender a 667 millones de dólares.
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Hizo un llamado a las autoridades gubernamentales del sector energético para resolver la disputa de manera colaborativa y salvaguardar el Estado de derecho.
Detalló que el capítulo 11 del TLCAN establece mecanismos claros para la indemnización de compañías estadounidenses a través de un proceso de arbitraje internacional si un proceso inicial de consultas no resuelve el asunto de manera satisfactoria.
Monterra es una de las empresas estadounidenses cuyas operaciones han sido clausuradas por el Gobierno de México.
Las clausuras, añade, también bloquean la importación de bienes de origen estadounidense y ponen en riesgo puestos de empleo en México y Estados Unidos.
“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y de proveer empleos bien remunerados,” apuntó Arturo Vivar, CEO de Monterra.
“Simplemente pedimos que México salvaguarde el Estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia sería alcanzar una resolución amistosa, pero las acciones realizadas hasta ahora por el Gobierno de México no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jurídicas disponibles”, agregó.
Monterra ha intentado de manera reiterada resolver la clausura, incluyendo proveer amplia evidencia de su cumplimiento total con el marco legal y regulatorio, “pero las autoridades mexicanas han ignorado la evidencia”, subrayó el ejecutivo.
La terminal de Monterra en Tuxpan (“Servitux”) recibió un permiso de 30 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018.
El órgano regulador realizó varias visitas de inspección a la terminal antes de que entrara en operación.
En julio del 2021 la compañía cumplió con el requisito del permiso de “dar aviso a la Comisión sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento”.
Pero la noche del 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con elementos armados de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), lo que dio lugar a una clausura temporal sin ninguna justificación judicial.
La terminal permanece clausurada desde entonces. Todos los bienes importados y descargados en la terminal antes de la clausura provienen de Estados Unidos.
La empresa norteamericana considera que la orden de clausura “es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE”.
La empresa presentó toda la evidencia y documentación requeridos durante los últimos dos años, pero “la CRE simplemente no ha respondido”.
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Cita que las acciones contra Monterra tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos del Gobierno de México, a partir de inicios de 2019, para frenar la importación, almacenamiento y distribución de productos petroleros por compañías extranjeras, a fin de restaurar a la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (PEMEX), a la posición de monopolio que tenía hasta las reformas promulgadas en 2013.
Monterra ha presentado múltiples ofrecimientos al Gobierno de México para resolver la situación de manera colaborativa, “aunque México ha rechazado todas ellas”.
Cosidera que las de México, a través de la CRE, ASEA y la Secretar a de Energía ( SENER ), entre otras instituciones, “violan varias provisiones del TCLAN , el derecho internacional y la ley mexicana con respeto a Monterra”.
Las cláusulas que México ha violado, detalla, incluyen las relativas al trato acorde con el derecho internacional (nivel mínimo de trato), expropiación, trato nacional y trato de nación más favorecida.
Señala que las Notificaciones de intención bajo acuerdos internacionales prevén una fase inicial de negociación y consulta para resolver la controversia, buscando evitar la necesidad de iniciar un arbitraje internacional. Dado su deseo de alcanzar una resolución amistosa, Monterra hace un llamado a México a resolver la disputa antes de llegar a arbitraje.
Sin embargo advierte que “si las negociaciones no fueran exitosas, Monterra no tendrá alternativa a someter el caso a arbitraje y solicitar reparaciones, incluyendo los daños financieros, así como posiblemente la aplicación de medidas precautorias”.
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