La eliminación de organismos autónomos propuesta por el Jefe del Ejecutivo federal pone en riesgo la imparcialidad en la regulación y la certidumbre jurídica de las inversiones en el país, alertaron especialistas consultados por EL UNIVERSAL.
También se pueden afectar los avances para garantizar la competencia y en materia de reducción de la pobreza, advirtieron, por lo que es necesario un debate profundo para mejorar su funcionamiento, sin que desaparezcan.
“No tenemos un diagnóstico sólido que nos permita justificar su desaparición, considerando que realizan actividades especializadas indispensables y constituyen un importante contrapeso institucional”, dijo Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Hay una falta de responsabilidad en la visión de destruir y no de construir con base en la institucionalidad del país, destacó.
La iniciativa presentada hace una semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El objetivo de su integración a dependencias federales afines sería principalmente por considerarlos ineficientes, ahorrar recursos y evitar duplicidades, según lo expuesto por la Presidencia. Sin embargo, los expertos coincidieron en que esos argumentos no se sustentan en un diagnóstico riguroso.
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“Argumentos politiqueros”
Natalia Campos destacó que la autonomía de estos organismos es clave, porque permite tomar decisiones con base en la evidencia y de forma independiente.
En su opinión, concentrar esas actividades en el Ejecutivo federal no sólo sería peligroso, por la tendencia a la centralización que se ha visto en el sexenio, sino porque se generarían problemas graves en regulación.
“La eliminación de estos contrapesos institucionales merma la calidad de la democracia mexicana, habilita la mayor presencia de conflictos de interés y disminuye la competencia económica, en detrimento del bienestar de la población”, dijo a su vez Adriana García, coordinadora de análisis del colectivo México ¿cómo vamos?
“Me parece que es una muestra autoritaria que se califiquen de onerosos y que no sirven para nada. Es una mentira politiquera, manipuladora y propagandística”, expuso Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey.
Además, su eliminación no sería un recorte significativo en el gasto público, pues actualmente representan apenas 0.3% del gasto destinado a pensiones y jubilaciones en el presupuesto de 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Juez y parte
En el caso de la CRE y la CNH, el principal riesgo es que la concentración de la toma de decisiones perjudica la imparcialidad para regular temas complejos en materia de energía, fundamentales para la inversión, advirtió Campos.
“Dada la existencia de empresas estatales que serían sujetos de regulación, habría al menos un problema de conflicto de interés, ya que se es juez y parte”, alertó.
En el caso de la Cofece y el IFT, no sólo son importantes por su actividad regulatoria, sino porque garantizan la libre competencia, fundamental para el crecimiento económico, añadió.
Además, podría haber una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en términos del cumplimento de las obligaciones de las partes, que tienen la exigencia de órganos y autoridades tanto de competencia como de telecomunicaciones.
“Su desmantelamiento podría significar menos certidumbre jurídica y, por lo tanto, un desincentivo a la inversión”, recalcó la coordinadora del Imco.
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Información y evaluación
En el caso del Inai, el riesgo es que se debilite una estructura consolidada en materia de transparencia, pues tiene la tarea de gestionar el sistema, garantizando a través de ella que la ciudadanía pueda hacer las solicitudes de información que se requieran, explicó Campos.
A su vez, el Coneval es relevante considerando el gran presupuesto que se destina a programas sociales, por lo que se requiere una institución especializada que evalúe su impacto, además de que da seguimiento a un fenómeno tan importante como la pobreza.
Eliminar el Coneval es una forma de decir que al gobierno no le gusta cómo se analiza lo que hace en cuanto a desarrollo social: “Si no existiera, no nos enteraríamos de los avances y limitaciones de la atención a la pobreza sistémica”, concluyó Tenorio.