Como parte de los cambios a la Ley del ISR aprobados en 2019, a partir de este año las personas que pongan en renta inmuebles y quieran demandar a sus inquilinos por falta de pago deben presentar facturas de rentas recibidas.
En caso de no contar con esas facturas, el juez del caso le notificará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la omisión de la emisión de facturas por parte del arrendatario.
Fernando Bustamante, abogado y socio fundador de AHC Abogados, explicó que esta notificación al SAT no impide la realización del juicio y permite fallar en contra de un arrendatario moroso.
“Si un arrendador tiene la necesidad de irse a un juicio y reclamar rentas adeudadas, sólo en ese caso el juez le va a requerir que entregue las facturas de las rentas que sí recibió”, detalló.
“Si no las entrega, la consecuencia, la única que marca la reforma, es que el juez mandará aviso al SAT advirtiendo de la omisión del arrendador”.
Al participar en la segunda edición de los Workshops Inmobiliarios de Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, el especialista en temas legales del área inmobiliaria en AHC, dijo que la reforma es específica y no atenta contra el derecho sobre la propiedad.
“El juez no va a negar el cobro de la renta, no va a negar el desalojo. Los derechos del arrendador están intactos”, aseguró el especialista.
De acuerdo con Vivanuncios, el número de personas que no reportan al SAT su actividad de arrendamiento de algún inmueble para evadir el pago del impuesto sobre la renta equivale a 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB).
La forma de evadir es no inscribirse en el SAT para no emitir facturas electrónicas por pago de renta.
“La obligación de facturar existe de hace mucho. Por supuesto que quien no genere factura tendrá alguna situación, pero no por esta reforma”, agregó Bustamante.
La confusión entre los arrendadores de inmuebles con este cambio fue tal que, incluso, algunos decidieron no rentar sus inmuebles al suponer que estaría en peligro su propiedad.
Lamentó que el gobierno no incentive a que los arrendadores se alineen a la generación de facturas, pues lejos de crear mecanismos que los atraigan, las autoridades optan por medidas coercitivas que amenazan.
