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El retiro o separación voluntaria es un programa usado por los gobiernos para reducir la planta laboral en el sector público.
Ante los recortes de salarios y de prestaciones derivados de la política de austeridad en este sexenio, muchos trabajadores al servicio del Estado se inscribieron a dicho programa desde el inicio de la presente administración. A principios del mes, en plena emergencia sanitaria, se dio a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) abrió un programa para la terminación de la relación laboral de manera voluntaria.
Los trabajadores que decidan sumarse a dicha propuesta recibirán una compensación económica.
La oferta económica.
Los detalles de la propuesta fueron: seis meses de sueldo bruto sobre la base del cálculo base y de la compensación garantizada; la parte proporcional del aguinaldo 2020 y la parte proporcional de las vacaciones también de este año.
El pago de la compensación económica por la terminación anticipada de la relación laboral es independiente al derecho que tiene el servidor público en materia de seguridad social, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
¿Una medida extralegal?
El derecho poco tiene que ver con este tipo de programas, ya que implican privar a los empleados de su derecho a un trabajo a cambio una compensación, explica Pablo Franco, abogado laboral.
Se dan por una necesidad de la administración pública de reducir el número de trabajadores y el fundamento legal es difuso; es más bien una visión política y administrativa que tiene que ver con la indefensión en que se encuentran los servidores públicos.
Condiciones para el despido
El empleador del Estado tendría que presentarse ante un tribunal para la autorización de la baja, y demostrar que hay una de las causales del artículo 46 de la Ley burocrática para dar de baja al trabajador: falta de probidad y honradez, ausencia injustificada y de ese tipo de razones, “pero eso no lo van hacer, por lo que recurren a esta figura de retiro voluntario que tiene más que ver con la presión a la gente para que acepte una liquidación”, agregó el especialista laboral.
¿Cómo sería la liquidación?
Lo único que legalmente puede hacer el gobierno es cesar al trabajador, solicitando al tribunal que declare la procedencia de cese. “Eso es lo que no están queriendo hacer, y por eso tratan de ponerle precio, ofreciendo una compensación garantizada, tratando de hacerlo atractivo para el empleado”, dijo.
