Actualmente, los gobiernos de los países se enfrentan a niveles de endeudamiento en máximos históricos, lo que se debe en gran parte al periodo de endeudamiento observado durante la pandemia y su recuperación. Durante estos años, el nivel promedio de la deuda neta como porcentaje del PIB de los países de economías avanzadas (usando a los países del G7: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Italia, Alemania y Francia) pasó de 86% en 2019 a 99% en 2020, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al cierre de 2024, el FMI estima que esta deuda disminuyó a 96%, tres puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en 2020. Asimismo, si consideramos a las principales economías emergentes de América Latina (para este análisis se considera a Brasil, México, Chile, Uruguay, Colombia y Costa Rica), el nivel de deuda pasó de un promedio de 38% en 2019 a un promedio de 46% en 2020. Al cierre de 2024, el FMI estima que el nivel de deuda de estos países promediará 47%. Sin embargo, se evidencian retos que siguen presionando el nivel de endeudamiento al alza: un crecimiento económico débil, déficits fiscales crónicos, baja recaudación fiscal, baja productividad laboral, tasas de interés más altas, y problemas estructurales como desigualdad, pobreza e inseguridad. Todo lo anterior son retos que enfrentamos en nuestro país.
Independientemente del tipo de economía en el que se hace esta clasificación, la idea es mostrar que los niveles de endeudamiento se encuentran en niveles superiores a los registrados en el periodo prepandemia. Lo anterior, ha despertado la necesidad de los gobiernos por realizar correcciones fiscales que les permita alcanzar un nivel sostenible de endeudamiento.
A la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda, se le suman los conflictos actuales como la guerra entre Rusia y Ucrania, la escalada de Israel en sus fronteras, así como los resurgentes conflictos entre China y Taiwán, y el existente entre Corea del Norte y Corea del Sur. Todo lo anterior amenaza la expectativa de que la inflación continúe a la baja, así como las tasas de interés. Es por esto que nos enfrentamos a una actualidad con constantes choques económicos, con efectos adversos e inclusive difíciles de identificar. Sumado a lo anterior, la velocidad con la que sucede supera a lo observado en periodos históricos, lo que no permite identificar el impacto aislado de todos los eventos.
En el contexto anterior, México no es la excepción, ya que el gobierno Federal se enfrenta al objetivo de mantener el endeudamiento en un nivel estable o incluso disminuyendo. Durante el periodo de 2018 a 2024, la Deuda Bruta a PIB pasó de 39.2% en 2018 a 48.9%. Sin embargo, el gasto en inversión solo pasó de 2.6% del PIB a 3.2%. Cabe mencionar que esto también impacta los niveles de inversión en infraestructura en los Estados dentro de la República Mexicana, lo cual en países como México se encuentra centralizado debido al federalismo fiscal en el que nos encontramos organizados, por lo que la federación centraliza y administra el mayor porcentaje de los recursos, y por lo tanto también los recursos que son destinados a la infraestructura pública.
Adicional a las restricciones fiscales a las que se enfrentan los gobiernos Estatales para poder destinar sus recursos a inversión en obra pública, se enfrentan a limitantes para la adquisición de financiamiento que les permita potenciar esas inversiones, como las establecidas en la ley de disciplina financiera. Esta última nace con el objetivo de eficientizar las estructuras fiscales locales, limitar los déficits primarios y por lo tanto disminuir los niveles de endeudamiento. No obstante, con las estructuras poco flexibles en la mayoría de los Estado de la República, debido al crecimiento y estructura de su gasto corriente u operativo, esto solo puede continuar desincentivando la inversión; en el caso de las entidades, el gasto de inversión pasó de representar 10% de su gasto total en 2010 a menos de 4% en 2023.
El impacto que tiene la caía de la inversión pública en el crecimiento económico está comprobado, y aunque la relación puede estar diferenciada entre economías, es fácil de concluir que México es un país con necesidades de inversión pública, y con presiones en el gasto y en su nivel de endeudamiento. Por lo anterior, es importante encontrar incentivos para incrementar los recursos que tienen los gobiernos subnacionales para inversión, lo que podría ser potenciado con financiamiento, debido a los bajos niveles de endeudamiento con el cual se encuentran los estados actualmente. Es importante dimensionar este último comentario, por lo que la proporción de la deuda de todos los estados en su conjunto al cierre de 2020 representó aproximadamente el 2.5% del PIB, lo cual contrasta con lo observado en otros países: Estados Unidos 39.8%, Canadá 75.8%, Brasil 18.6%, India 20.4% y Colombia 13.2%. De igual manera, se puede corroborar esto con el nivel de calificaciones crediticias con el que cuentan los estados en México.
Director de Finanzas Públicas Quirografarias y Deuda Soberana de HR Ratings
