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A pesar de los esfuerzos en distintos niveles por mejorar el sistema educativo en el país, el Coneval calculó en 2016 (última medición disponible) que 17.4% de la población en México tiene condición de rezago educativo. Esto significa que hay un total de 21.3 millones de adultos que no tienen el grado de escolaridad mínima legal que les correspondería, dependiendo de su fecha de nacimiento, y jóvenes de entre 13 y 15 años que no tienen el grado de escolaridad mínima actual (secundaria) y no asisten a la escuela.
Aunque es derecho constitucional, el tema educativo en México enfrenta dos problemas fundamentales: la cobertura y la calidad en la educación.
La educación de calidad es el corazón de cualquier país que nos lleva a una mejora en el bienestar de la población de manera sostenible. Lo anterior implica material, maestros e infraestructura a la altura; esto refiere la actual reforma educativa, por lo que es necesario mantenerla y mejorarla, en vez de destruir lo alcanzado.
La inclusión de la calidad de la educación no había sido enunciada como una prioridad del sistema educativo a nivel constitucional, a pesar de los pobres resultados de México en las evaluaciones multinacionales de aprovechamiento escolar. La obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación se hace explícita hasta la actual reforma aprobada en 2013.
En el otro extremo del espectro educativo, que concierne a la educación superior, el Índice de Competitividad Global 2017-2018 colocó a México en el sitio 80 de 137 naciones en el componente que se refiere a ‘Educación superior y entrenamiento’. Este dato es preocupante, no sólo por la existencia de una brecha entre la calidad y el tipo de conocimiento que la educación superior ofrece a sus egresados y las competencias que demanda el mercado laboral, sino porque derivado de las tendencias irruptoras de la Industria 4.0, esta brecha se ampliará de manera acelerada en el país si no se toman medidas urgentes para generar un sistema educativo que se sostenga en la adaptabilidad y la calidad de los conocimientos adquiridos por los alumnos y que logre una vinculación orgánica con otras agendas de desarrollo medulares, como la industrial o la tecnológica.
En este contexto, se vuelve crucial la capacidad de capacitar a profesores para todos los niveles educativos, que estén plenamente identificados con el proyecto de país que queremos.
Asimismo, la educación debe de adecuarse a la vocación regional y a su curva poblacional. Por ello, el siguiente paso para México es transitar hacia un sistema educativo que fortalezca la calidad y pertinencia de la educación respetando las vocaciones productivas regionales y que sea transversal a todos los niveles. La estrategia por seguir debe ir acompañada de un proceso de diagnóstico de las tendencias emergentes de mercado a las cuales se verán expuestas.
El mismo concepto de educación demanda tener una visión, ya que inicia desde la semilla de las sociedades, en los niños que reciben la educación básica. Estos niños que se transforman en jóvenes y adultos productivos son los que conforman la población económicamente activa.
Por ello, la educación debe colocarse en el terreno económico-social y dejar a un lado su percepción como tema político. Si la base para el bienestar es la generación de más y mejores empleos, sin duda, éstos deberán ser ocupados por personas con educación de mayor calidad.
Dar un salto cualitativo en las reformas, con una integración vertical que nutra al sistema de educación superior con alumnos que han recibido una educación básica de calidad y enfocada a las necesidades de la demanda laboral, será crucial para llevar a buen puerto la política educativa del país. Los planes y necesidades educativos se deben analizar, desde el nivel básico hasta el técnico y superior, acorde a las necesidades regionales y nacionales; esto demanda análisis especializados y objetivos con una sola orientación: el crecimiento de nuestra gente y el de México.
