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Ante los primeros efectos de la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios, en 2018 la deuda de las entidades puede reducirse, indicó la agencia Moody’s.
“Para 2018 esperamos que la deuda con respecto de los ingresos totales puede disminuir más para los estados. En el caso de deuda de largo plazo sí creemos que va a tener un comportamiento estable”, dijo María del Carmen Martínez, analista de entidades de la firma.
Para la experta, la ley que entró en vigor a partir de 2016 ya aplicó sus primeros controles sobre los estados en la contratación de deuda a largo plazo, donde también se ha visto una reducción en la sobretasa que contrataban las entidades.
Con datos de la Secretaría de Hacienda a septiembre pasado, la deuda de los estados del país registró un saldo de 560 mil 92.millones de pesos, 4.6% más en comparación con el mismo periodo de 2016.
La especialista de Moody’s dijo que los mayores controles que ordena la ley de disciplina financiera a estados y municipios comenzarán el año próximo, enfocados en la forma en que diseñan sus presupuestos.
Foco rojo. En contraste, los montos de deuda que se contratan para solventar necesidades de corto plazo por parte de las entidades federativas han comenzado a llamar la atención de la calificadora.
“El corto plazo se está volviendo un indicador de alarma. No tiene nada malo usar corto plazo, porque se puede utilizar para solventar una emergencia o necesidades de liquidez temporales. El problema es cuando se vuelve recurrente. Es ahí cuando se vuelve un foco rojo”, consideró Martínez.
Así, las elecciones presidenciales del año próximo se presentan como un riesgo para que los estados contraten una mayor cantidad de deuda a menor plazo de pago, lo cual puede presionar su finanzas.
La analista de Moody’s resaltó que en el caso de la Ciudad de México, los montos destinados para la reconstrucción del sismo del 19 de septiembre son razonables y no afectan sus actuales condiciones de deuda.
“La Ciudad de México históricamente ha tenido un rango de endeudamiento de 50% a 60% de sus ingresos. Siempre ha sido de los más altos en el país pero tiene muchos candados para la contratación de deuda. Tiene que ir a su Congreso local, tiene que aprobarlo el Ejecutivo federal y el Senado. Lo que se le está aprobando a la Ciudad de México sí corresponde a una situación de emergencia. Creemos que lo que está pidiendo la capital del país es razonable dentro de su capacidad de pago”, destacó.
La calificadora espera que el año próximo, una renegociación desfavorable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y un mayor gasto por las elecciones de 2018 se presenten como factores negativos en la calificación para los estados
y municipios.