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Familias separadas, gastos duplicados, además de un menor sueldo, son las consecuencias que se perciben a primera vista en la vida miles de servidores públicos como consecuencia de la descentralización del gobierno federal que pretende llevar a efecto la próxima administración.
EL UNIVERSAL conversó con algunos servidores de las dependencias y organismos federales que entrarían en el plan de traslado hacia otras entidades federativas.
Relatan cómo anticipan que sería su vida en el hipotético caso de llevarse a cabo el proyecto, y eso si es que se mantienen trabajando en la
nueva administración.
A petición de las personas entrevistadas, los nombres reales fueron modificados para evitar represalias, y por la misma razón las pláticas se realizaron fuera de las oficinas y en horarios no laborales.
El sentimiento en común es de desconcierto, y desde que se dio a conocer la noticia es el principal tema de conversación en reuniones familiares y de amigos, así como entre compañeros de trabajo.
Dos trabajos. Desde hace 15 años, Esteban G. trabaja durante el día en la Semarnat y por las tardes en el gobierno de la Ciudad de México, en el Metro. Tiene dos chambas para completar el gasto, porque con lo que gana por medio tiempo en el primer trabajo no le alcanza para mantener a su familia.
La Semarnat es una de las dependencias que sería trasladada a Yucatán, según el proyecto de descentralización.
“Ahora sí que no sabemos qué va a pasar”, dice encogiendo los hombros y con cara de angustia. Tiene dos hijos menores de edad y su esposa dejó de trabajar como educadora para cuidarlos y ver por la familia.
Dos vidas. Juan N labora en el FOVISSSTE, instituto de vivienda que sería trasladado a Colima, y su esposa en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se relocalizaría en Chiapas.
“Son lugares lejanos y nuestros hijos, uno vive en el extranjero y otro está aquí en la Ciudad de México”, lamenta. Para él representaría económicamente dos vidas, dos gastos.
José M. no está casado ni tiene hijos, y trabaja en el SAT, organismo que está pensado para tener su nueva sede en Mexicali, Baja California.
“A mí no afectaría en nada el traslado, pero estoy estudiando una maestría aquí y no quisiera interrumpir mis estudios”, dice.
Marina P. trabaja sólo sábados y domingos en la Secretaría de Turismo, dependencia que estaría en Chetumal, Quintana Roo.
No sabe el futuro que le depara, pues falta que se den a conocer los detalles de quiénes podrían ser los candidatos que serían trasladados a la nueva sede.
Luisa D. es una empleada de la Sagarpa que tiene un puesto estratégico. Es una mujer de mediana edad que no se casó ni tuvo hijos, que aparentemente podría vivir en Ciudad Obregón, Sonora, lugar en donde estaría operando esta secretaría.
Sin embargo, está en medio de un tratamiento médico. Cada 15 días le deben aplicar una inyección. Y cada mes tiene que ir al ISSSTE a recoger su medicamento.
Su enfermedad no le impide seguir trabajando, incluso es uno de los elementos más destacados de la dependencia, pero no puede interrumpir su tratamiento. “Creo que mi salud está primero”, dice convencida.
Al mismo tiempo, reflexiona: “pero si no tengo trabajo, tampoco ISSSTE ni medicamento”.
Mónica L. trabaja en la SEP. Es una joven a la que no le asusta el cambio, pero considera que una vez que haya más información, aceptará irse a Puebla. “Todos estamos a la expectativa, mi decisión dependerá de lo que me ofrezcan”.
Comenta que en la SEP todavía no les dicen nada y tampoco hay despidos, pero sabe que en Presidencia cada 15 días le están dando las gracias a trabajadores contratados por honorarios y eventuales.
Casos curiosos. Entre los casos más curiosos de las historias de familia con la descentralización, podríamos mencionar las que podrían darse con las parejas dentro del gabinete del virtual presidente electo.
Graciela Márquez, nombrada secretaria de Economía, radicaría en Monterrey; su esposo, Gerardo Esquivel, quien será el próximo subsecretario de Egresos de Hacienda, se quedaría en la Ciudad de México.
Rosalinda López, a quien se perfila como la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), despacharía en Mexicali, Baja California, muy lejos del lugar en donde se desempeñará su esposo, gobernador electo de Chiapas.
Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) arroja que el número plazas en el gobierno federal, sin considerar los ramos autónomos, es de un millón 742 mil 258 servidores públicos.
La mitad es personal operativo, sindicalizado o de confianza, con un total de 830 mil 379 plazas; 46% corresponde a la categoría en donde se ubican médicos, enfermeras, científicos o maestros, con 798 mil 285 plazas.
El personal de enlace lo integran 44 mil 136 servidores; en personal de mando medio hay 66 mil 372 plazas y en el superior 3 mil 85 plazas.
Datos del Instituto de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales (INDAABIN), indican que el gobierno federal cuenta con 116 inmuebles distribuidos en 25 estados de la República Mexicana.