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Para evitar que la legislación laboral ponga en riesgo la paz laboral y afectar la competitividad del país, es necesario que el Senado incluya en las conclusiones del Parlamento Abierto las adecuaciones a la Ley Federal de Trabajo en materia sindical, de contratos colectivos, entre otros derechos de los trabajadores, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex ).
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos , dijo que en la reforma que se publicó el 2 de mayo pasado “no fueron incluidos puntos sensibles” en la materia y que afectarán en mayor medida a las pequeñas y medianas empresas.
Por lo que dijo: “estamos a tiempo de rectificar. No corramos el riesgo de transitar a un marco regulatorio que podría trastocar la paz laboral , afectar la competitividad , y volver tortuoso, lento y perjudicial nuestro sistema de justicia laboral ”.
Entre los aspectos que la Coparmex considera necesario retirar es el hecho de que los patrones tengan que acreditar un hecho negativo, es decir, demostrar que no fue despedido injustificadamente un trabajador, porque ello deja “en estado de indefensión a los patrones al tener que probar hechos que no existieron, provocando que la mayoría de los juicios individuales sean de alto riesgo”.
Debiera permitirse que los trabajadores tengan derecho a pertenecer o no a un sindicato, ya que por las cláusulas de inclusión y exclusión se sujeta a un trabajador a pertenecer a un sindicato.
El líder patronal consideró que debe eliminarse el “voto directo” porque ni siquiera se incluye en la Constitución y es contraria a los convenios de organismos internacionales .
En los contratos colectivos se tiene que permitir que las revisiones se hagan conforme estatutos de cada sindicato. Además de que no debiera haber multiplicidad de contratos colectivos de trabajo.
De Hoyos afirmó que la prórroga del periodo de prehuelga deben tenerla patrón y sindicatos, no ser un tema unilateral de los trabajadores .
“Incluir la posibilidad de terminar una huelga por un acuerdo entre el patrón y la mayoría de los trabajadores”, así como reducir de 60 a 15 días el plazo para determinar y calificar como legal el motivo de una huelga.
vcr