cartera@eluniversal.com.mx
Disminuir a la mitad los salarios de burócratas en puestos directivos en el gobierno federal puede disparar el impago de créditos automotriz, hipotecario y consumo, y reducirá el gasto disponible para las familias de estos empleados, de acuerdo con un análisis del sector elaborado por autoridades financieras.
El documento del cual EL UNIVERSAL tiene una copia, estima que seis de cada 10 empleados de gobierno están pagando una casa, un automóvil y tienen como mínimo dos tarjetas de crédito o algún otro producto de financiamiento al consumo.
A partir de estimaciones de datos de la banca en México, se calcula que el saldo de la cartera crediticia de los mandos superiores asciende a 74 mil 958 millones de pesos, siendo la cartera hipotecaria la de más valor con 68 mil 35 millones.
EL UNIVERSAL publicó el viernes pasado que la reducción salarial a burócratas afectará a 53 mil 977 empleados, con un ahorro esperado por 38 mil millones de pesos.
Así, de hacerse efectiva la reducción salarial de burócratas, se estima que el rango de endeudamiento de los servidores públicos se puede duplicar como proporción de su ingreso, con lo que los índices de morosidad de hipotecario y automotriz crecerán más de 300% y 500%, respectivamente.
“El ajuste en los sueldos traerá un efecto en la morosidad de los diversos tipos de crédito de la banca. Así, por ejemplo, el índice de morosidad del crédito hipotecario podría pasar de 2.81% a 11.61%; en el caso del crédito al auto se elevaría de 3.82% a 25.90%, en tanto que en tarjeta pasaría de 5.37% a 5.98%”, explica el texto.
En un entorno de reducción de salario, se espera que la situación financiera de los funcionarios cambie drásticamente, al tener compromisos adquiridos de crédito que no pueden ser ajustados, salvo el caso de que se optara por dejar de pagar y luego negociar una reestructura bajo condiciones muy propicias, lo que se considera difícil de lograr, de acuerdo con su nuevo escenario de ingresos.
“Si consideramos que deberán cumplir la totalidad de las deudas, en los términos contractuales vigentes, el gasto de estas mensualidades los llevaría a destinar 51% de su nuevo ingreso, quedando 49% restante para gasto familiar, lo cual implicaría realizar ajustes presupuestarios de las familias por el equivalente a 25 mil 585 millones de pesos”, detalla.
Debido al cambio de condiciones, agrega el análisis de las entidades, implicará un ajuste o cambio significativo en el nivel de vida de los funcionarios, lo que quizá puede inducir a un aumento en la propensión marginal a la corrupción.
“Los funcionarios sujetos de esta reducción tendrán que sufragar su gasto familiar con una tercera parte de lo que tienen actualmente, porque la alternativa sería buscar una reestructuración de sus deudas, lo cual se vería muy difícil dada la disminución de ingresos, o bien, recurrir a impagos de sus compromisos”, explica.