El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo , advirtió que de aprobarse la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la ley eléctrica en México, implicaría el riesgo de que se violen acuerdos internacionales y que se lleve al país a pagar millones de dólares en reparación de daños a sus socios comerciales.
“El riesgo de que perdamos un panel le puede costar mucho, muchos millones de dólares al gobierno en reparación de daños. Aquí no estoy abogando por ningún contrato que esté fuera de los contextos legales que se haya hecho en función de canonjías o corrupción ”; dijo.
En el segundo día del parlamento abierto sobre la iniciativa que reforma la ley de la industria eléctrica organizado por la Cámara de Diputados, Guajardo recordó las obligaciones que tiene México para respetar las inversiones al amparo del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), el acuerdo con la Unión Europea así, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, entre otros.
“México se obliga en estos acuerdos internacionales a dar trato no discriminatorio a los inversionistas extranjeros. A tratarlos como a los inversionistas nacionales, porque al fin del día el inversionista internacional o extranjero tiene que cumplir con los esquemas reguladores del Estado. El color del dinero no importa cuando nos aseguramos que sea por el beneficio del consumidor y del emprendedor para un mejor desarrollo nacional”, explicó.
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Guajardo dijo que es necesario fortalecer a los reguladores en el país a fin de combatir a los monopolios públicos y privados y mostró su extrañeza por la ausencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el parlamento abierto de la iniciativa preferente.
“Es fundamental fortalecer a las entes reguladoras y por eso yo mostraba mi extrañeza que en dos días de parlamento abierto no haya escuchado la voz de Alejandra Palacios en este parlamento. Y ser muy enfáticos, ya vivimos la época de la rectoría absoluta en materia de electricidad durante muchos años, con gobiernos priistas y panistas. Eso no previno los abusos en el sector ni previno la contaminación generada por Pemex en Tabasco y Campeche. Sabemos que se necesitan fuertes reguladores autónomos para poner en línea a los monopolios públicos y privados”, añadió.
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De aprobarse la iniciativa preferente del Ejecutivo para modificar al sector eléctrico en sus términos, tendría implicaciones en inversiones realizadas con recursos de las Afore en proyectos de generación que se tienen con el sector privado así como a la banca de desarrollo, alertó el vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), Julio Valle.
El especialista enfatizó el impacto ambiental de la iniciativa al regresar a producir energía más costosa y contaminante, así como sus implicaciones en el marco legal que llevaría a litigios tanto nacionales como internacionales.
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“Esta reforma tiene consideraciones jurídicas y ambientales que trascienden del plano nacional y son de alcance internacional, desde el punto de vista jurídico las modificaciones propuestas tienen un primer impacto retroactivo y no siguen los preceptos de libre concurrencia libre competencia, respeto a las inversiones contenido en los múltiples tratados de libre comercio que México firmó”, dijo.
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