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El congreso de Estados Unidos ha impuesto como límite el 17 de mayo de 2018 para que se logre un acuerdo en principio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN); de lo contrario, se ha hecho público que la ratificación por parte del congreso ocurrirá hasta 2019.
Uno de los temas álgidos en la modernización del TCLAN es el referente al mercado agroalimentario y las ventanas de estacionalidad que podrían limitar las exportaciones mexicanas altamente competitivas hacia Estados Unidos.
El sector agroalimentario en México goza de un buen momento en su dinámica exportadora, por lo que es fundamental velar por mantener la productividad y las condiciones de comercio favorables de este sector estratégico.
En el mercado doméstico, el sector agroalimentario (que incluye a la producción agroindustrial y actividades agropecuarias), destaca como generador de empleos y crecimiento económico. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en 2017, el sector empleó a 8.8 millones de personas. Durante el mismo año, el sector agroalimentario representó el 7.51% del PIB total.
Desde la perspectiva internacional, el dinamismo del sector agroalimentario y sus vínculos con otros socios comerciales es fundamental para la diversificación de la oferta alimentaria al interior del país, así como para obtener ganancias del comercio exterior aprovechando nuestras ventajas comparativas.
En 2017, México fue el 12 productor mundial de alimentos, siendo líder en la producción de aguacate, fresa, limón, cerveza y tequila.
Asimismo, el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de 32 mil 582 millones de dólares, convirtiéndose en el tercer generador de divisas en el país.
La cláusula de estacionalidad, propuesta por Estados Unidos en la renegociación del TLCAN, propondría diseñar una estructura de cuotas y aranceles entre los tres países, que impidiera el libre comercio de productos agrícolas en las temporadas en las que la producción doméstica se encuentre en su punto máximo.
De esta manera, los exportadores mexicanos de productos de alto consumo en Estados Unidos, como aguacate o moras, tendrían restricciones de tonelaje y la imposición de aranceles en la época en la que la producción doméstica de Estados Unidos fuera mayor. El posicionamiento del gobierno mexicano es de no ceder a ante la petición de la cláusula de estacionalidad.
Al mismo tiempo, el sector agroalimentario ha explorado distintos mercados para diversificarse. La reciente renegociación del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea (TLCUEM) representará que 86% de los productos agroalimentarios mexicanos tendrán acceso libre al mercado común europeo.
Por otro lado, el CPTPP plantea una oportunidad formidable para el acceso de mercancías agroalimentarias al mercado asiático, principalmente a Japón, cuya demanda de productos mexicanos creció 12.7% en los siete años que van de 2012 a 2017.
A pesar de estos logros, es necesaria una agenda de acción de largo alcance, que garantice la generación de infraestructura que sobrepase el ciclo electoral mexicano y fortalezca las capacidades de los productores con el desarrollo de nuevas variedades competitivas, como en la producción de quesos o el sector lechero, que se verán amenazados por la firma del TLCUEM en algunos productos con mayor arraigo en la población.
Adicionalmente, es indispensable diseminar estos beneficios de manera amplia entre los pequeños productores en el país, dentro de una lógica que procure la preservación del medio ambiente a través del aumento de la productividad de los productores a pequeña escala.
Adicionalmente, se debe pugnar por generar un esquema de subsidios y protección a los productores que apoye el incremento de su productividad y resiliencia ante condiciones adversas de producción, principalmente en comparación con sus competidores norteamericanos. La coparticipación de la inversión público-privada y estos esquemas de protección deben fortalecer el sector para impulsarlo y adaptarlo ante los nuevos retos, como el uso de tecnologías limpias, aprovechamiento del uso de agua en el proceso de producción y esquemas de aseguramiento ante catástrofes naturales.
Con esta estrategia público-privada se disemina y fortalece la estructura de base del sector agroalimentario del país, a fin de administrar los riesgos y aprovechar las oportunidades que el nuevo panorama comercial le ofrece a México.
Vicepresidente de Consultores Internacionales SC
