La semana pasada se celebró el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en el que los líderes del mundo, particularmente de Alemania, Francia y Canadá, tomaron una posición clara en favor de la apertura comercial; por su parte, Estados Unidos fue más conservador, postura sustentada por su salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), así como la reciente autorización de aranceles a la importación de lavadoras y paneles solares.
Es cierto que en todo tratado comercial hay sectores ganadores y perdedores; ante esto, el papel de la política económica es el de fomentar las condiciones de competitividad en aquellos sectores que respondan a sus intereses, no así el de imponer barreras comerciales en detrimento del desarrollo económico. En esta línea, es necesario diseñar políticas públicas orientadas a la generación de oferta exportable y facilitar el acceso de las Mipymes a nuevos mercados; tenemos muchas carreteras, pero poco transitadas, pues tenemos que crear una oferta y su logística, las plataformas electrónicas pueden ser una herramienta útil para ello.
Ante un escenario de incertidumbre, el papel que debe adoptar México es el de apostar por una economía libre, sin barreras al comercio, en la que, mediante el impulso a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, nuestras autoridades instrumenten una política de fomento económico con visión de largo plazo que impulse el desarrollo industrial, potencie la inversión y promueva cambios en la estructura productiva del país, y, a su vez, aliente la integración de cadenas productivas, en particular en las Mipymes.
El Estado de derecho tiene que ver con la competitividad, lo que significa el ejercicio de la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional, mediante la evolución hacia un sistema de libertades, de libre mercado, pero con un regulador que construya instituciones y dificulte excesos por parte de los agentes económicos. Es decir, un capitalismo con mercados administrados, entendiendo por éste a aquél en el que el Estado dicta ciertas normas de comportamiento y tiene un marco regulatorio sobre cómo deben actuar los agentes económicos, desde la perspectiva de un comercio libre y justo que implica flujo de bienes y servicios sin restricciones, así como la eliminación de distorsiones, como lo son las barreras proteccionistas, las prácticas monopólicas y la competencia desleal.
La industria en México, vista como el motor del crecimiento económico y generadora de empleos, se enfrenta a un punto de inflexión en el que es oportuno y responsable que cada una evalúe los riesgos y las oportunidades en sus cadenas productivas y tome decisiones estratégicas que le permitan transitar hacia productos de mayor valor agregado.
Con el impulso a la productividad y la competitividad, México estará más preparado para integrarse al Tratado Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, así como al TLCAN, con el objetivo de potenciar la integración regional y la competitividad, con visión de largo plazo que busque el beneficio por igual de las naciones.
Vicepresidente de Consultores Internacionales, S.C.
