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En 2017 se ubicaron 10 mil 363 oleoductos perforados, 51% más que los 6 mil 873 hallados en 2016, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex). A dos meses de que se liberalizó el precio de la gasolina, el incremento en el robo de combustible repercutirá en el costo para los consumidores mexicanos y se convierte en un factor que desincentiva la inversión privada, sobre todo en refinería.
En entrevista para EconomíaHoy.mx, José Luis de la Cruz, director del Instituto de Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (Idic), indicó que el robo de combustible genera una distorsión en el precio que se fija. Los costos logísticos de la producción y distribución de combustibles se encarecen bajo un escenario de inseguridad constante, costos que primero recaen sobre Pemex, al ser el único productor y proveedor de gasolinas en el país [pese a la entrada de nuevos jugadores al sector], para luego recaer sobre los propietarios de las gasolineras y finalmente sobre los consumidores.
“En la gasolina se tiene un muy buen ejemplo de cómo la liberalización de los precios puede enfrentar desafíos no previstos cuando no se cumple el Estado de derecho, ya que el incremento en el robo de combustibles termina distorsionando los precios e impactado los bolsillos de los consumidores finales”, advirtió de la Cruz.
Se cree que la cifra oficial de oleoductos perforados es mucho menor a la real. En la clandestinidad, la gasolina que se ordeña es vendida en el mercado negro e incluso en gasolineras establecidas a un precio mucho menor al del mercado formal. Un negocio redondo, si se toma en cuenta que sólo durante 2017 las gasolinas se encarecieron 17%.
Mientras que en la Ciudad de México el litro de gasolina Magna promedia los 18 pesos y la Premium 20 pesos, en Puebla se puede comprar el mismo combustible por entre siete y 11 pesos el litro, de acuerdo con datos de la Secretaría General de Gobierno de esa entidad.
Cifras de Pemex indican que el huachicoleo ha crecido exponencialmente. Hace cinco años se encontraron mil 635 extracciones ilegales, principalmente en cuatro estados (Guanajuato, Puebla, Veracruz y Jalisco), pero hoy tienen presencia en la mayoría de entidades.
Afecta a refinerías. Alejandro Limón Portillo, especialista en temas de Energía y Finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destacó que durante los últimos cinco años la refinación nacional se ha reducido en 36%, misma que se está sustituyendo con un incremento de importación de combustible de 40%.
Indicó que el tema del huachicol está muy relacionado con el sector de la refinación, transporte y logística de hidrocarburos. “Al cierre de 2017 las refinerías de Pemex operaban a 51% de su capacidad. El sector de la refinería está mandando muchísimas señales de que se necesita inversión, pero nadie las está tomando porque por el tema del huachicol”, explicó el investigador.
La dinámica de libre mercado en la que entró la industria gasolinera enfrenta el desequilibrio adicional de un desplome de 24% en la producción de crudo en los últimos cinco años, ante una demanda constante de combustibles en el país. De acuerdo con Pemex, los mexicanos consumieron 125 mil millones de litros diarios de gasolinas en 2017.
“Tenemos una menor producción de crudo, una menor refinación, mayor importación que nos está llevando a que el precio de los combustibles sea mayor”, afirmó Limón Portillo.
Apenas en diciembre se realizó el primer contrato con la japonesa Mitsui para desarrollar y operar una planta coquizadora de la refinería más grande ubicada en Tula, la única inversión registrada para el sector.
Competencia desleal. De la Cruz detalló que otro problema del robo de combustible, además de representar pérdidas para las finanzas públicas, es que genera una competencia desleal para quienes están invirtiendo en el sector de las gasolineras, porque el hurto de combustible al final del día regresa al mercado y vuelve con una oferta de menor precio.
“No cumplir con el Estado de derecho puede motivar que una medida que busca liberalizar los precios y que lleguen más baratos a la sociedad, no cumpla su objetivo porque la inseguridad y el crimen organizado distorsionan estas medidas”, advirtió.
