Ciudad de México
.- Los ojos de todo el mundo están puestos en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, por lo que toda decisión que se tome debe considerar los efectos en las inversiones y en el atractivo del país y que está “en juego la capacidad futura y el apetito por el financiamiento de nuevas obras de infraestructura”, dijo el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , José Ángel Gurría Treviño.
Aunque no quiso pronunciarse en contra del proyecto de Santa Lucía, afirmó que “México no puede fallar (en la decisión de esta obra porque) pondría en riesgo el atractivo y ejemplo como plataforma de inversiones” y añadió que será decisión del próximo gobierno federal determinar qué se hará con el nuevo aeropuerto.
En conferencia de prensa, durante la presentación del Tercer Informe de avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México de la OCDE comentó que no es una facultad de la organización determinar qué será lo mejor, pero cualquiera que sea “la decisión que se tome, tendrá un impacto en los mercados crediticios, en el raiting... Ojalá que las cosas vayan con los menores sobresaltos posibles y se tengan buenas noticias”.
Por ejemplo, hay dueños de bonos que esperan una decisión sobre el aeropuerto porque se otorgaron tres bonos por un total 7 mil 600 millones de pesos y quieren saber qué pasará y seguramente estarán tranquilos si se les paga con los intereses que se pactaron en caso de no continuar Texcoco, pero pensarán a futuro si les conviene o no otorgar nuevos bonos.
Consideró que si se continúa con Texcoco en cualquier momento el próximo gobierno podría definir concesionar el nuevo aeropuerto, es decir antes de acabarlo, después de que se termine la obra o incluso ya que esté operando.
Agregó que en un país de 130 millones de mexicanos habría que considerar la representatividad de la consulta si es que participan 200 mil personas, menos o más. Y añadió que se tiene que ver qué tanto afecta o pesa el resultado de la consulta en las decisiones que tome el gobierno nuevo, porque la consulta no es vinculante.