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Desde 2003 el gobierno federal ha tenido ingresos excedentes; tan sólo en 2016 tuvo uno de 680 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, mientras que en 2017 tuvo 586 mil millones de pesos, es decir, tan sólo en los últimos dos años esos ingresos ascendieron a un monto de 1.2 billones de pesos, tres veces el costo del aeropuerto, según dio a conocer José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
“Si sumamos el monto de los últimos dos años tenemos más de 1.2 billones de pesos, prácticamente tres veces el costo total del aeropuerto. Esto significa que pudieron ahorrar esa cantidad y meterlo en un fondo financiero: con los puros rendimientos se paga el aeropuerto y no necesitan otro tipo de financiamiento. La pregunta es: ¿en dónde quedaron esos ingresos excedentes?, ¿se fueron a gasto corriente, se fueron a pago de deuda? Mucho de esto ocurrió; no estamos hablando de que haya habido actos de corrupción, pero sí un gasto público ineficaz”, advirtió durante la presentación del estudio Agenda mínima por México, 12 desafíos económicos.
El estudio pretende sentar los lineamientos de modificaciones estructurales que tendría que asumir el próximo presidente.
De la Cruz dijo que los problemas de México son estructurales, por lo que en el caso de lo ineficaz que ha sido el gasto la propuesta del IDIC es una reforma que proporcione más recursos al sector público sin incrementar impuestos y que realice una reasignación del gasto público y a su vez elimine erogaciones improductivas e innecesarias.
Detalló que este año el costo financiero de la deuda va a superar a la inversión física del sector público.
“Por primera vez en los últimos 12 años vamos a observar una inversión en obra pública inferior a lo que se paga por deuda”, destacó.
De la Cruz dijo que es necesaria una reforma hacendaria, porque no se trata de un problema de recursos. “El problema no es que no gastáramos; el gasto está creciendo, pero se debe al costo financiero de la deuda”, dijo, en referencia a lo que el Estado paga en intereses por el dinero que pide prestado. “El problema es que no se destinan recursos a proyectos de infraestructura y proyectos productivos”, afirmó.
De la Cruz enfatizó que lo anterior pasa necesariamente por combatir la corrupción. Detalló que, según el Banco Mundial, tiene un costo de entre 9% y 10% del PIB, es decir, de cada 100 pesos que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción.
“La corrupción alimenta la informalidad y, en casos extremos, la actividad criminal”, dijo.
