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Con el fin de tener una mejor fiscalización y reducir la discrecionalidad, los ingresos excedentes que el gobierno federal reparte a los estados, adicionales a las participaciones y aportaciones federales, deben estar contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, consideró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
“Toda ley es perfectible, el tema es que esos excedentes no se pueden presupuestar; entonces, deben estar contemplados en la Ley de Coordinación”, dijo el vicepresidente fiscal, Mario Morales.
Lo anterior puede funcionar para compensar el efecto de la propuesta que planteó el IMCP en la sugiere bajar el ISR, de 30% a 25%, y generalizar el IVA para enfrentar la reforma fiscal de Trump.
En conferencia de prensa, señaló que la contaduría pública organizada está convencida que una mejor fiscalización a los estados y municipios, así como auditorías en el gasto de inversión en los tres niveles de gobierno, darán más recursos para aliviar el impacto de la reforma que están proponiendo.
Sobre el caso Chihuahua, consideró que se tiene que buscar una mayor claridad de cómo esos excedentes que obtiene el Ejecutivo son repartidos a los estados.
“Las participaciones adicionales al no ser del presupuesto y al no tener un destino específico se prestan a discrecionalidad”, dijo.
Ello, independientemente de que cada estado tiene la obligación de allegarse de más recursos posibles, lo que logrará a través de dos vías: incrementando la recaudación de su estado, ampliando la base de contribuyentes, y más eficacia en las auditorías, apuntó.
La otra es por medio de participaciones, y el estado tiene la obligación de reclamar esos recursos para que lleguen a tiempo.
El IMCP reiteró que se requiere una reforma fiscal que vaya a favor de la competitividad y la rendición de cuentas.
