El 22 de abril, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se realizó el primero de tres debates entre los cinco candidatos que aspiran a la Presidencia de la República. En este ejercicio democrático se abordaron tres temas que constituyen grandes retos para el Estado mexicano: “seguridad pública y violencia”, “combate a la corrupción e impunidad” y “democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad”.
A partir del planteamiento de dos preguntas por tema, los aspirantes debieron presentar propuestas concretas; sin embargo, pese a un formato más propositivo y menos rígido, el debate resultó superficial y beligerante por la escasez de propuestas detalladas y la saturación de ataques. Empero, a dos meses de campaña y dos debates, hay tiempo para profundizar en planes y propuestas concretas.
El primero de los ejes, “seguridad pública y violencia”, afecta la vida cotidiana de los mexicanos y quizás sea el más apremiante por atender de la nueva administración. En la última década, a partir de aplicar la estrategia contra el crimen organizado, la violencia ha repuntado a niveles críticos.
Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017 fue el año más violento de la historia reciente de México al sumar 29 mil 168 homicidios intencionales, cifra inédita en los 20 años que se informa oficialmente este delito.
En materia de seguridad, hay contrastes entre candidatos. Mientras, por un lado, se propone la amnistía como un medio de solución, por el otro se propone el ejercicio del Estado de derecho con diferentes instrumentos con base al proyecto específico de cada plataforma política, ya sea mediante el uso de tecnología, la creación de un código penal único, la certificación de las policías y apoyarse en las Fuerzas Armadas para labores de vigilancia. Si bien la estrategia de combate a la inseguridad no ha tenido resultados, en un proceso electoral deben hacerse propuestas de cara al futuro.
Por otra parte, el binomio corrupción-impunidad es otro mal que afecta a México y que ha generado una crisis de credibilidad institucional y la apatía de la ciudadanía para participar en la vida política. México no puede continuar en una dirección en la que gobierno y sociedad civil estén desvinculados. Lamentablemente, la corrupción ha crecido significativamente por el alto nivel de impunidad.
De acuerdo con el Índice global de corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 135 de 180 en torno a la percepción de la corrupción, registrando una caída respecto al año 2016.
En el combate a la corrupción e impunidad tampoco hay similitud, salvo en contar con un fiscal independiente, aunque la diferencia principal radica en cómo se nombraría. Mientras, por un lado, se propone sea el propio Presidente quien lo nombre y esté bajo sus órdenes, por el otro lado sería el Congreso quien lo avale como representante de la sociedad civil a fin de que tenga autonomía de gestión.
Asimismo, se propone incorporar el SAT, la SHCP y el INE al Sistema Nacional Anticorrupción en este proceso; contar con 32 fiscalías generales autónomas en los estados y otorgar autonomía a los Ministerios Públicos, como las plataformas más representativas de lo debatido.
Más allá de buenas intenciones y el ejemplo del Presidente, para reducir la corrupción no basta con hablar de honestidad, se necesita fortalecer las instituciones encargadas.
Por último, en materia de democracia, la revocación de mandato cada dos años es una medida que no comparte el resto; el país necesita certidumbre política y económica para atraer la inversión y generar empleos. Por otro lado, las propuestas sobre pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad fueron escasas y desarticuladas.
El primer debate presidencial no tuvo la contundencia esperada. Tras este ejercicio democrático persisten dudas sobre cómo el ganador resolverá de fondo problemas como la inseguridad, la corrupción y la impunidad, lo cual es preocupante.
Ante un electorado en buena parte de nuevos votantes y que no vivió la inflación de los ochentas o padeció de carencias en la economía, un entorno social de molestia con aires de enojo, muchas propuestas pueden parecer disruptivas o nuevas, pero no es así. Es por ello que hay que convencer con la razón y no vencer con la emoción.
Se debe rescatar lo positivo de cada plataforma para construir una oferta viable que desarrolle al país, que corrija lo que está mal y usar lo que está bien, empezando por su gente, instituciones y el enorme potencial. México tiene un gran reto histórico y, por tanto, la ciudadanía debe exigir mucho más de quien aspira a ocupar la Presidencia de la República, viendo al futuro y no quedándose en lo pasado.
Vicepresidente de Consultores
Internacionales, S.C.