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maria.saldana@eluniversal.com.mx
El crecimiento económico del país en este sexenio se ha quedado lejos de la promesa del gobierno federal, pues se sobreestimó la expectativa de que con las reformas la expansión superaría tasas de 5%, consideran expertos.
El desempeño económico tampoco se acercó al escenario “inercial” de tasas de 3%, al haberse registrado en 2016 y 2017 un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.9% y 2.1%, respectivamente.
Para especialistas, la expansión de 5.2% y 5.3% que prometió el gobierno actual para 2017 y 2018 no se logrará a pesar de que se dijo que las reformas estructurales tendrían un efecto multiplicador, porque además de que se sobreestimó el potencial de los cambios al marco jurídico, se pensó que serían “mágicos” y se olvidó atender temas para complementarlos, como el combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.
“Pensar que se crecería 5% fue un poco de optimismo excesivo”, afirmó el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada Pascal. Añadió que el factor que más afectó fue la falta de inversiones, porque si bien las reformas contribuyen a un mayor crecimiento económico, hace falta acompañarlas con combate a la corrupción, inversión pública y privada, así como certidumbre jurídica.
“Se sobreestimó el potencial de las reformas, particularmente de la energética, porque las inversiones no llegaron ni en montos ni tiempos previstos”, dijo el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz.
En la página web de la Presidencia de la República se asegura que en tan solo 18 meses se llevaron a cabo 11 reformas “transformadoras que son fundamentales para el desarrollo político, económico y social”, las cuales son: la laboral, de competencia económica, telecomunicaciones, financiera, hacendaria, energética, político electoral, transparencia, código nacional de procedimientos penales, educativa y de seguridad social.
Al inicio del gobierno actual, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimaba que gracias a las reformas, el crecimiento económico en 2015 sería de 4.7%, para 2016 se consideró 4.9%, en 2017 5.2% y en 2018 se 5.3%. Sin embargo, el crecimiento del PIB en esos mismos años ha sido de 3.3%, 2.9%, 2.1%, y para este año se estima en 2.3%.
De no llevarse a cabo las reformas se preveía un crecimiento inercial de entre 3.5% a 3.8%.
Sin embargo varios factores externos también han afectado los resultados en este sexenio, como el alza de tasas de interés en Estados Unidos y en México; el impacto de la inseguridad en los planes de inversión de las empresas; la incertidumbre que se genera por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por el proceso electoral, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Además, en los últimos años se registró una depreciación del peso frente al dólar, una caída de los precios del petróleo, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, así como el aumento de la inflación, entre otros factores.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, aseguró que “en los últimos cinco años, México ha crecido a un promedio anual de tan solo 2.2%. Es ante este crecimiento magro e insuficiente que Coparmex ha insistido constantemente en aumentar la inversión pública como uno de los motores del crecimiento económico. En el último trimestre, la inversión pública creció solo 0.1%, con algunos trimestres de 2017 en dígitos negativos”.
Foncerrada y De la Cruz coincidieron en que se planteó que la reforma energética atraería inversión al país y que habría rápidos resultados, pero el capital no llegó ni en los montos esperados ni en el tiempo previsto.
“En términos generales, las reformas estructurales no tienen el impacto que se esperaba porque los cambios que requiere la economía van más allá”, dijo De la Cruz.
“Se require un entorno de mayor productividad de las empresas, reducción de costos de los energéticos, mejora regulatoria, incentivos que detonen más inversión y producción, así como un programa de desarrollo sectorial y regional, considerando la disparidad nacional”.
A su vez, Foncerrada explicó que lo que ahora se precibe es una caída del consumo, aumento de la pobreza por pérdida del poder adquisitivo a consecuencia de la inflación que se registró por el gasolinazo de 2017, baja inversión pública y un incremento de la deuda de 80%, respecto al monto que se tuvo cuando inició el sexenio.
En el corto plazo, De la Cruz descartó grandes crecimientos. “El pronóstico de 2018 y 2019 es claro: no va a ir en ese sentido de alto crecimiento. Falta observar el entorno internacional en los siguientes años, porque hay volatilidad y el propio ciclo económico global podría afectarnos”.
