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El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo que urgen cambios al sistema fiscal nacional ante los cambios que se esperan en Estados Unidos tras la aprobación de la reforma tributaria.
Explicó que al menos deben hacerse cambios, entre los que están la deducción total de prestaciones laborales, de las inversiones y de las reservas de pensiones, y eliminar los efectos negativos de la retención definitiva del ISR de 10% por dividendos.
Reclamó que a pesar de que la reforma fiscal estadounidense se discutió desde agosto en ese país, en México “nada se hizo oportunamente en la Secretaría de Hacienda ni en el Congreso para anticiparse”.
Pidió que por esa causa se convoque a un periodo extraordinario que lleve a tomar acciones inmediatas.
Además de incorporar medidas urgentes, De Hoyos dijo que se requiere voluntad política y un decreto presidencial, además de un análisis integral de las alternativas para transformar el sistema fiscal mexicano.
Comentó que es urgente fortalecer la dinámica de crecimiento, impulsar la economía de las regiones rezagadas, elevar la inversión privada, reducir la informalidad y mejorar la calidad de vida de la población.
“El gran desafío, independientemente de la reforma fiscal en Estados Unidos, es generar expectativas de que efectivamente vamos a fortalecer el Estado de Derecho, para garantizar a los inversionistas estabilidad financiera, pertinencia en el gasto público, competitividad fiscal internacional y seguridad jurídica”, dijo.
Añadió que es necesario hacer las siguientes acciones: restablecer la deducción plena de prestaciones laborales, autorizando que sea de 100%, porque a la fecha el beneficio fiscal es de 47% o hasta 53%.
Dijo que también es importante restablecer la deducción 100% de las aportaciones para la creación o incremento de reservas de fondo de pensiones o jubilaciones al personal, complementarias a las de ley.
Incluyó eliminar los efectos negativos de la retención definitiva del Impuesto Sobre la Renta de 10% por pago de dividendos a personas físicas, porque los inversionistas deben acreditar esa retención al declarar.