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A unos días de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer que el “obstáculo regulatorio más absurdo” es la restricción al número de notarios, representantes del gremio advirtieron que el ejercicio que realizan no es un oficio, ni está sujeto a leyes de competencia económica, además de que los precios y la tardanza tienen relación con los vicios burocráticos y procedimientos oficiales.
Los notarios 116, Ignacio R. Morales Lechuga y el 233, Ángel Gilberto Adame López, enviaron una carta al comisionado de la Cofece, Alejandro Faya Rodríguez, en la que le afirman que hay un “profundo desconocimiento de la Cofece acerca de la función” de los notarios.
La crítica de que hay restricción en el número de notarios, discrecionalidad del ejecutivo para el otorgamiento de patentes, establecimientos de requisitos injustificados, regulación de precios, segmentación de mercado, existencia de colegiación obligatoria y limitantes en la competencia, muestran que hay falta de conocimiento en el campo notarial, explicaron.
Se exige que se inscriban en el Colegio de Notarios porque a través de ellos se promueve la profesionalización, vía los concursos y exámenes de oposición como única forma de acceder a una patente.
“Eliminar la colegiación obligatoria y proceso selectivo, reconocidos nacional e internacionalmente, implicaría un atentado contra la legitimidad de la fe pública”, dijeron.
Además, de que la petición de incrementar el número de notarios y la competencia muestra el desconocimiento de la Comisión de que esta labor se trata de “una delegación de facultades propias del Estado en un particular, al cual se le habilita para ejercer la actividad autentificadora y no el desempeño de un oficio, por tanto, el notario no se encuentra sujeto a las reglas de la Competencia Económica, pues, tal como lo ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las funciones del notario no son compatibles con las de los comerciantes y agentes de cambio”.
El señalamiento de la Cofece que hay altos costos por sus servicios, y de que por ello la población no posee escrituras de sus propiedades, Morales Lechuga y Adame López afirmaron, en una carta de dos cuartillas, que constitucionalmente se estableció que hay normativas con las que se fijan las bases de precios máximos y el arancel que se utiliza en la Ciudad de México se fundamenta en la Ley del Notariado.
La Comisión “olvida que al notario se le impone la obligación legal de calcular y enterar las contribuciones” que se causan por el otorgamiento de una escritura, como Impuestos Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, Sobre la Renta por Enajenación, IVA, ISR, Registro Público, entre otros costos que suman más de 80% del valor.
En otras palabras advirtieron que la Cofece debe tener en cuenta que el “notariado funge como recaudador del fisco federal, estatal y municipal —y como auxiliar en la lucha contra el lavado de dinero—, y que los elevados costos y la tardanza dependen de tarifas impositivas y vicios burocráticos en la emisión y recepción de documentos”.