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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene pocas probabilidades de ganar un arbitraje internacional contra los siete contratos de gasoductos, y abre la posibilidad de que se inicien otros litigios en el todavía vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Explicó que la experiencia muestra que los procesos legales internacionales de este tipo favorecen el que haya certidumbre de los contratos, lo que puede llevar a que la CFE pierda y termine por pagar los daños de las empresas privadas.
Por ello, el organismo informó que “con la experiencia, se puede decir que si las partes se van al arbitraje hay una probabilidad considerable de pérdida para la empresa productiva del Estado, dada la predisposición de los procesos a favor de la certidumbre en los contratos. Si ese es el caso, el gobierno acabaría pagando daños a las empresas”.
El conflicto puede escalar y no solamente quedar en un arbitraje en los tribunales de Reino Unido y Francia, sino que “se pueden presentar otros procesos legales como sería una controversia inversionista-Estado dentro del TLCAN u otros tratados bilaterales de protección a la inversión suscritos por México”.
Advirtió que si las obras permanecen detenidas y persisten las diferencias, se enviarán señales de falta de certidumbre, lo cual mermará la confianza de los inversionistas, además de que tomará años la solución, por lo que deben llegarse a acuerdos en lugar de llevarlo a arbitraje.
En las cláusulas que se firmaron en esos siete contratos de gasoducto se estableció la responsabilidad para que las autoridades generen un ambiente propicio para los negocios y que la CFE pague parte de la tarifa del transporte de gas acordada por el tiempo del retraso.
La falta de acciones del gobierno federal ha llevado a que seis gasoductos no se hayan terminado y se tengan retrasos, los cuales pueden significar un costo de 840 millones de dólares, de acuerdo con la CFE.
Por ello, el CEESP pidió buscar soluciones y no llevar el tema a un arbitraje, porque ese tipo de litigios solamente se presentan cuando “hay diferendos en la interpretación o el cumplimiento de lo pactado, más que para modificar lo convenido”.
