El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió aplicación de la ley sin excepción ante los inaceptables niveles de inseguridad e impunidad que se registran en el país, y que ya derivaron en el cierre de centros de distribución de Coca Cola-Femsa y Lala , así como de la Mina Dolores.
“Exigimos que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. El mensaje es para todos los órdenes de gobierno.
"Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías ; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las Fuerzas Armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia”, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón .
Aseveró que “los altos niveles de violencia” que se registran en México generan un mal ambiente para la inversión, obstaculizan la actividad productiva, además de cierre de empresas y reducción de las posibilidades a tener una economía próspera.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que “la impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables”.
Como también lo es la pasividad de las autoridades para actuar contra los grupos organizados que violan la ley y atentan contra el patrimonio de la sociedad sin ninguna consecuencia: normalistas y maestros en Chiapas, Michoacán u Oaxaca, quienes obstruyen vías de comunicación y saquean a repartidores de diversas empresas.
Castañón consideró que se debe actuar sin mayor dilación en la implementación de la fiscalía general autónoma y en la formación de ministerios públicos independientes, porque el peor enemigo actual es que el 95% de los delitos cometidos en el país se queda en total impunidad.
El líder de la máxima cúpula empresarial aseguró que subieron los robos en autotransporte, se registró el asesinato de 90 políticos en este período de proceso electoral, y siguen los ilícitos al alza.
“Esto no puede continuar así. Es inconcebible que fallemos al proteger la vida de los ciudadanos frente a la delincuencia. No podemos permitir que se despoje a los trabajadores de lo que ganan a diario con tanto esfuerzo; ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos, porque no existen condiciones de seguridad para operar”, afirmó.
maria.saldana@eluniversal.com.mx
lsm