Más Información
noe.cruz@eluniversal.com.mx
Pese a que las perforaciones ilegales a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se desaceleraron en mayo en comparación con el mes anterior, el ilícito es aún un dolor de cabeza para la petrolera y para México.
En los primeros cinco meses de 2018, el crimen organizado aumentó en 52.6% el número de tomas clandestinas a lo largo de la red de la empresa en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuyo propósito es extraer ilegalmente todo tipo de hidrocarburos, desde gasolinas, diésel y turbosina, hasta gas licuado de petróleo (LP).
Los delincuentes realizaron diariamente un promedio 43.2 perforaciones ilegales entre enero y mayo. El año pasado el promedio era de 28.3 tomas clandestinas diarias.
Así, entre enero y mayo el número de perforaciones realizadas en la red de ductos fue de 6 mil 530, es decir 2 mil 252 más que las registradas en el mismo lapso de 2017.
El número de tomas clandestinas reportado en los primeros cinco meses de este año refleja que la actividad ilícita del crimen organizado se realiza en promedio a una distancia de una y otra de apenas 2.6 kilómetros de la extensa red de tubos de Pemex.
Todavía el año pasado la distancia promedio entre una y otra, tomando en cuenta el número de perforaciones y la longitud de la red de ductos, fue de 3.97 kilómetros.
Este dato refleja cómo se ha intensificado el delito en el país, sobre todo en áreas y regiones específicas en las cuales existe un mayor tendido de este tipo de infraestructura.
Las regiones preferidas se mantienen sin cambio. En orden de importancia por el número de tomas clandestinas reportadas, Puebla encabeza la lista, como ha sido en los últimos meses, con mil 25 perforaciones.
Le sigue Hidalgo, con 769; Guanajuato, con 758; Veracruz, con 708; Jalisco, con 612; Estado de México, con 590, y Tamaulipas con 556.
Estas siete entidades federativas concentran la mayoría de perforaciones clandestinas, lo que significa que en los ductos que atraviesan la superficie de esos estados se realizan casi ocho de cada 10 extracciones ilegales de productos de Pemex.
Los números contenidos en el reporte de tomas clandestinas que edita Pemex revelan que al menos en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas las bandas del crimen organizado que se dedican al robo de combustibles no han llegado, ya sea porque la infraestructura de transporte vía ductos existe, o porque los volúmenes que manejan no son tan importantes para ellas.
No obstante, Pemex asegura que “la ordeña de ductos no es un problema que esté presente en todos los municipios del país; de hecho, es un fenómeno que se concentra en regiones muy específicas, por lo que se diseñan estrategias que permiten contener la ordeña, haciendo uso de diversas herramientas tecnológicas”.
Gracias a esas técnicas se pueden analizar los patrones geográficos del robo de combustibles y determinar cuáles son las zonas del país en donde hay más tomas clandestinas, así como “las zonas de mayor influencia de la delincuencia organizada, para implementar un plan de patrullaje y de acciones focalizadas en los municipios con mayor problema”.
La petrolera reconoce que estas estrategias, como el uso de ductos con aceros especiales que dificultan su perforación y la construcción de paredes de concreto reforzado, o son estáticas, toda vez que es previsible que cuando las organizaciones criminales advierten la presencia de las autoridades en las zonas en donde ellos operan, “cambian sus actividades a otros municipios menos vigilados, donde pueden iniciar nuevamente sus actividades delictivas”.
Sobre el costo de los hidrocarburos robados, Pemex ha insistido en que el carácter de la información está clasificada como reservada, “ya que de proporcionarse se causaría un serio perjuicio en los municipios donde se detectan las tomas clandestinas”.
Además, “se pondría en riesgo la vida, seguridad y salud del personal que participa en la lucha frontal en contra del crimen organizado, así como la de los habitantes donde se realizan las actividades ilícitas”.
La divulgación del dato constituye un secreto comercial de Pemex, que debe ser protegido, pues se estaría proporcionando las fuentes de suministro, las cantidades producidas, vendidas y robadas, bases de datos de ventas, estructura de costos y pérdidas por esta actividad ilegal en sus sistemas de ductos, que “pueden desalentar la inversión interesada en la adquisición de títulos bursátiles.
No obstante, de acuerdo con declaraciones anteriores, el director de Pemex, Carlos Treviño Medina, calcula que el robo de hidrocarburos representa pérdidas para la empresa y para el país por casi 30 mil millones de pesos anuales.
