cartera@eluniversal.com.mx
Los estados mantienen un nivel de transparencia fiscal medio en los últimos años, con un promedio de 77.49 puntos, lo cual, en lugar de mejorar, tiende a descender, señaló la consultora ARegional.
Al dar a conocer los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2018, destacó que por tercer año seguido se observó un retroceso del indicador.
Sólo 12 estados tienen una calificación alta mayor a ocho puntos y cuatro reprobados por tener menos de cinco puntos.
Entre los reprobados se encuentran Durango, en último lugar, con 46.55 de calificación; Guerrero, con 49.61, y Chiapas, con 58.48, así como la Ciudad de México, con 59.89 puntos.
Los mayores puntajes los comparten Puebla y Edomex, con 97.56 cada uno; Querétaro obtuvo 95.96, y Jalisco, con 92.35 de calificación.
Veda. De acuerdo con la consultora, la opacidad no tiene nada que ver con los procesos electorales, pues no se ve una mejoría independientemente de que haya elecciones locales, pero de alguna manera afecta y no permite avances consistentes.
La coordinadora de transparencia y rendición de cuentas de ARegional, Noemí García, confió en que una vez que pasen las elecciones se espera un efecto rebote en el indicador de los estados, porque muchos no tenían información por la veda electoral.
Para ello, consideró importante que para dejar de ser medianamente opacos, no deben simular este ejercicio de transparencia, pues comentó los casos de Durango, Aguascalientes y Baja California, que al tener más de un portal dan mucha información financiera y fiscal; sin embargo, no es de buena calidad.
Mencionó que por lo general en épocas electorales las entidades suelen cambiar el logo o los colores en sus portales o no están disponibles los informes de gobierno.
La directora de la consultora, Flavia Rodríguez, mencionó que hubo 16 estados que se colocaron debajo del promedio nacional, 17 bajaron su puntuación en comparación con el año pasado y 14 perdieron posiciones.
Explicó que en la metodología utilizada se tomó en cuenta el cumplimiento de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) y la información mínima de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
