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ruben.migueles@eluniversal.com.mx
Si México responde con una reforma “espejo” para compensar los impactos de los ajustes tributarios en Estados Unidos se cancelarán los efectos de los cambios fiscales que entraron en vigor desde 2014, advirtió el ex secretario de Hacienda, David Ibarra, en un análisis elaborado.
En opinión del ex funcionario, más que un simple ajuste compensatorio, lo que México requiere es realizar su propia reforma hacendaria, dirigida a promover el desarrollo y superar manifestaciones graves de la desigualdad que prevalecen.
Un año antes de entrar en vigor la reforma hacendaria que se aprobó en este sexenio (2013), los ingresos tributarios del país representaban 9.6% del PIB. En 2017 y con cuatro años de los ajustes en marcha la proporción se elevó a 12.8%.
Los ajustes fiscales en México permitieron recursos adicionales por 1.3 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ibarra expuso que el mayor impacto de la reforma fiscal estadounidense sobre México se hará sentir en restar competitividad a los gravámenes a la renta de las empresas.
La reforma que impulsó el presidente Donald Trump redujo el tributo a las empresas de 35% a 21%, mientras que en México la tasa impositiva es de 30%.
En los países miembros de la OCDE el promedio del gravamen oscila entre 23% y 24%.
Por ello, dijo el ex funcionario que si México ajusta por entero el gravamen a esos niveles puede llevar a reducir hasta un tercio las recaudaciones provenientes de ese origen, sin contar con el impacto del otorgamiento de incentivos comparables a la inversión empresarial, así como otros beneficios.
Carácter regresivo. “En México, la contribución del Impuesto Sobre la Renta es de 7.3% del PIB, correspondiendo a las personas morales 49% de esa cifra. Por tanto, el ajuste pleno, espejo a la nuevo norma estadounidense, cancelaría el grueso de los efectos de la última reforma tributaria nacional”, destacó el también doctor honoris causa de la UNAM.
“La presión política para equiparar gravámenes [entre México y Estados Unidos] y luego encontrar una compensación recaudatoria, quizás fuerce al alza la revisión de la progresividad del Impuesto Sobre la Renta a las personas [físicas], y quizás lleve a la generalización del Impuesto al Valor Agregado, pese a su carácter regresivo”, añadió.
Otra consecuencia de una reforma “espejo” es que puede conducir a agrandar los diferenciales en las tasas de interés nacionales y externas, acentuando los incentivos a la inversión extranjera de cartera, más que a la inversión en las actividades productivas en el país.
Entre las alternativas de un esquema con fines compensatorios, el experto detalló: “podría hacerse deducible la inversión empresarial, gravar los dividendos y las transacciones financieras, aumentar los impuestos a la propiedad, recortar radicalmente las exoneraciones y otros componentes del gasto fiscal, sufriendo la oposición abierta que necesariamente suscitarían estas otras medidas”.
También consideró que pueden dejarse sin alteración las nuevas brechas entre los regímenes impositivos bilaterales, al igual que las muchas existentes en el mundo, explicadas en que las decisiones de inversión no sólo toman en cuenta las causales tributarias, ni se reducen a su competitividad.
En estas circunstancias, la acumulación de desajustes propios y los recientes cambios de la política económica estadounidense en el ámbito fiscal y de comercio exterior con la renegociación del TLCAN, acotan la efectividad de las políticas públicas nacionales, limitando las posibilidades de crecimiento del país.
Para superar el impasse, el ex secretario de Hacienda llamó la atención sobre la necesidad de “instrumentar un pacto desarrollista, desplegar políticas industriales convenidas con las organizaciones empresariales y obreras, respaldado por inversiones y créditos privados o públicos y por la promoción de la banca de desarrollo”.
