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Global Air no tiene aeronaves autorizadas para operar en el país, de acuerdo con Luis Gerardo Fonseca, director general de Aeronáutica Civil (DGAC).
Hasta que la empresa no acredite las medidas de seguridad solicitadas por la DGAC, se aplicarán restricciones en su operación, explicó.
Global Air fue responsable del accidente aéreo que ocurrió en Cuba el pasado 18 de mayo y tras el suceso presentó amparos contra la verificación extraordinaria y la suspensión de operaciones ordenadas por la DGAC.
“El amparo contra la verificación extraordinaria fue negado el 14 de agosto por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa por considerar que la orden de la verificación estuvo apegada a derecho”, detalló Fonseca.
Mientras que el amparo contra la suspensión de operaciones “fue sobreseído el 16 de agosto por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa, en virtud de que la verificación extraordinaria concluyó, por lo que la suspensión ordenada el 18 de mayo quedó sin efecto”.
Independientemente de los procesos jurídicos iniciados por la empresa, el procedimiento administrativo de verificación continúa.
“El pasado 7 de agosto, la DGAC notificó a Global Air las medidas de seguridad ordenadas para solventar dichos hallazgos, las cuales incluyen restricciones a la operación en tanto no se acredite el cumplimiento de dichas medidas”.
También se le notificó sobre el inicio de un proceso administrativo para determinar las sanciones que, en su caso, sean aplicables.
Fonseca mencionó que Global Air registró ante la dirección un convenio de terminación del contrato de arrendamiento con que acreditaba la posesión de sus otras dos aeronaves, matrículas XA-UZK y XA-UMQ. Además, solicitó la cancelación de dichas matrículas, procedimiento que se concretó el 24 de julio y el 1 de agosto, respectivamente.
Este miércoles, EL UNIVERSAL informó que la DGAC levantó la suspensión temporal de operaciones que tenía Global Air en el país.
Asimismo, adelantó que la aerolínea intentó detener la visita domiciliaria solicitada por la DGAC, sin embargo, el juez negó el amparo al resolver que la orden de visita para una verificación técnico-administrativa estaba apegada a derecho.
