Nos cuentan que los impactos del Covid-19 en el empleo ya comienzan a pasar factura en el pago de créditos bancarios. Mientras la Asociación de Bancos de México (ABM), de Luis Niño de Rivera, termina por definir los detalles de sus planes de reestructura, en espera de las disposiciones legales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Juan Pablo Graf, comienza la desesperación de la gente que no podrá pagar. Nos explican que las búsquedas de asesoría legal se ha disparado 70% sobre cómo enfrentar los pagos a bancos, ante la posibilidad de caer en juicios y embargos por deudas. Habrá que ver qué tanto están dispuestos a ceder los bancos, pues será inevitable un golpe en morosidad para fin de mes, y con mayor fuerza en el tercer y cuarto trimestre.
De manera personal, dos de los subgobernadores del Banco de México (Banxico) han externado su preocupación por la población más desprotegida. Nos dicen que, por separado y a través de sus cuentas de redes sociales, han lamentado diversas medidas unilaterales que están tomando las autoridades locales y los comercios, en perjuicio de la economía popular. Nos cuentan que, por un lado, Jonathan Heath se dijo preocupado por el rechazo del dinero contante y sonante para pagar en algunos establecimientos comerciales, por un supuesto temor a que los billetes y monedas sean un medio de contagio del Covid-19. Por el otro, Gerardo Esquivel denunció la decisión de la alcaldía Miguel Hidalgo, que gobierna Víctor Hugo Romo, para decomisar triciclos de vendedores ambulantes, sobre todo en la zona de Polanco.
Ayer se dio a conocer que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que dirige Francisco Hernández Juárez, realizaría un paro nacional en defensa de su contrato colectivo de trabajo ayer, y que además hizo un llamado al gobierno, pidiendo su intervención. El objetivo del paro era defender la cláusula de su contrato relacionada con la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso, pues Telmex les informó sobre algunos cambios debido a que atraviesa por una difícil situación económica. Nos reportan que, al parecer, la llamada fue atendida pronto por el gobierno federal, de manera que ayer mismo se reunieron con Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación. Nos dicen que en el encuentro inició una mesa política para seguir atendiendo las demandas del gremio.
Aunque la 4T habla mucho de combatirla, la Comisión Anticorrupción de la International Chamber of Commerce dijo que el gran problema es que los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno y órganos autónomos no han cumplido con lo contemplado por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Se refieren a subir a la Plataforma Digital Nacional toda la información relevante como declaraciones patrimoniales y de interés, compras de gobierno, así como datos de obras públicas. De acuerdo con el organismo, el problema es que, en medio de la pandemia, han surgido casos que ponen en evidencia las asignaturas pendientes, y ante ello es más que necesario que se transparente el uso de los recursos públicos y de las sanciones con los casos de corrupción detectados.