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México amanece hoy con una tensión más en su relación con Estados Unidos, a causa de la decisión del gobierno de ese país de activar la primera fase de una disputa comercial, al amparo del T-MEC, por los cambios a la política energética en las industrias eléctrica y petrolera.
“Por la importancia que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado al tema energético en sí, va a ser un motivo de tensión”, aseguró la socia de la firma RRH Consultores y exnegociadora del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Samantha Atayde Arellano.
De acuerdo con un borrador del comunicado de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que circuló ayer, el gobierno del presidente Joe Biden pedirá el inicio de consultas por considerar que ciertas medidas en el sector energético benefician a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y se traducen en un trato injusto para empresas de la Unión Americana.
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Según Atayde Arellano, de seguirse los tiempos del T-MEC, y sin que haya un acuerdo para extender plazos, en 240 días tendría que estar listo el fallo, es decir, hacia marzo de 2023.
En respuesta a una solicitud de EL UNIVERSAL, la Secretaría de Economía dijo que hasta ayer por la noche no se había recibido ninguna notificación.
En el borrador de la carta divulgada, la titular de la USTR, Katherine Tai, recalcó que, a pesar de externar esas inquietudes, no hubo respuesta de México.
“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre los cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el T-MEC”, dijo.
“Estos cambios de política afectan los intereses económicos de EU en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de empresas que buscan comprar energía limpia y confiable. Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano, pero, lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México”.
Para Atayde Arellano, la Representación Comercial de EU argumentará que México consolidó la apertura de su sector energético al incluirla en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).
Como no se reservó al mismo sector en el T-MEC, esos compromisos de otros acuerdos en materia energética son vigentes para América del Norte, agregó.
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Por ello, se espera que Estados Unidos argumente que se incumple con los capítulos de inversión, servicios y empresas propiedad del Estado, dijo.
“Desde un punto de vista jurídico, el mecanismo que está accionando Estados Unidos es para cuestiones que tienen que ver con la implementación y aplicación de disposiciones del tratado, pues tiene derecho de cuestionar las políticas en energía y su impacto en empresas estadounidenses”, afirmó.
En particular, al gobierno de Estados Unidos le preocupa que en 2021 se aprobaron ajustes para que la CFE genere electricidad de manera prioritaria, en detrimento de competidores, además de que se revocaron y retrasaron permisos para privados.
Además, en diciembre de 2019 el regulador de energía de México otorgó a Pemex, pero no a otras empresas, incluidas las estadounidenses, una extensión de cinco años para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre según sus estándares de combustibles.
En el borrador, el gobierno estadounidense afirma que “esas medidas parecen ser inconsistentes con muchas de las obligaciones del T-MEC”.
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