La movilidad social educativa se ha reducido en los últimos años en términos de la proporción de jóvenes que supera la escolaridad de sus padres y la diferencia en años a su favor, revela un análisis elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
De acuerdo con los especialistas, entre 2016 y 2022, disminuyó la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años de edad que tiene más años de escolaridad que sus padres de 72.3% a 68.2%, es decir, que experimentaron movilidad educativa ascendente.
En el periodo mencionado, los jóvenes que alcanzaron menos escolaridad que sus padres (movilidad descendente) aumentaron de 17.9% a 20.5%. Además, los jóvenes redujeron su ventaja en años de escolaridad respecto a sus padres de 2.8 a 2.4 entre 2016 y 2022.
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Por otra parte, aunque se incrementó la probabilidad de alcanzar estudios universitarios para los jóvenes provenientes de hogares con padres con educación primaria o menos, ésta es aún cuatro veces menor que para los jóvenes que tienen padres con estudios profesionales.
En cuanto a la asignación de gasto público y con base en lo anterior, el CEEY examinó la asignación de las transferencias monetarias que reciben los hogares por parte del gobierno para la educación y su posible impulso a la movilidad educativa.
Los resultados muestran que la composición de las transferencias gubernamentales según el nivel educativo de los padres cambió de manera dramática a partir de 2020, pues los hogares conformados por padres con menor escolaridad cada vez han recibido menos transferencias en términos relativos.
Por ejemplo, mientras que en 2016 estos hogares recibieron el 34% de las transferencias educativas, en 2022 sólo recibieron el 18%.
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El CEEY considera que una política de transferencias monetarias para la educación que procure la movilidad social debe dirigirse con mayor intensidad a quienes presentan mayores desventajas. Sin embargo, la evidencia muestra que el esfuerzo para revertir los problemas de baja movilidad social y estratificación educativa se ha debilitado durante el periodo de análisis.
Si se destinan mayores recursos a quienes viven en desventaja económica y educativa, se reducirá la desigualdad de oportunidades entre la población y, por ende, habrá mayor movilidad social.
Estos resultados se dan en el contexto de una escolaridad esperada para la población menor de 29 años de edad que se detuvo en 14.1 años de 2016 a 2018, y que a partir de ese momento descendió hasta llegar a 13.6 años de escolaridad en 2022.
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